Polémico debate
El Parlamento debate estos días una polémica reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada por el ejecutivo, que propone el aborto libre hasta la 14 semana de gestación, entre otras modificaciones.La Conferencia Episcopal Española volvió a insistir en que el texto es una "gravísima lesión" de la moral católica, pero, además de considerarlo un pecado, calificó al aborto como una práctica ilegal."No se entiende que quitar la vida a un ser humano inocente no puede ser delito", dijo en rueda de prensa el secretario general del episcopado, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. "No puede haber un sistema jurídico justo que dé curso legal a quitar la vida a un ser humano".

Por su parte, el gobierno español respondió que su relación con la Iglesia católica es de lealtad a pesar de las evidentes discrepancias, pero precisó que el poder de legislar está en manos del Parlamento."La Iglesia tiene derecho a participar en los debates sociales", recordó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al término de la reunión semanal del gabinete. "Pero a la hora de adoptar decisiones, la palabra la tienen los representantes de la soberanía".La reforma que debate el Congreso de los Diputados ha chocado con una fuerte oposición de los grupos conservadores y de la Iglesia católica.Sin embargo, el gobierno socialista parece en disposición de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto, probablemente a principios del año que viene. La nueva normativa autorizará el aborto libre hasta la 14 semana y permitirá la interrupción hasta la 22 semana en caso de que el médico diagnostique un riesgo serio para la vida del bebé o la madre.

El Parlamento acordó el jueves enmendar parcialmente otro de los puntos más polémicos de la nueva ley: finalmente, los médicos deberán informar a los padres si una menor de 16 y 17 años aborta, aunque, eso sí, no se requerirá la autorización paterna.Martínez Camino presentó en Madrid el documento "Ante la crisis moral y económica", que fija la posición de la Iglesia en torno a diversos temas de actualidad en España y reafirmó la postura de la jerarquía católica de excluir de la comunión a a los parlamentarios que apoyen la nueva ley."Quitar la vida a los que van a nacer es una gravísima lesión moral", señaló. "Los católicos deben recordar que si lo hacen (apoyar la ley) se ponen en una situación objetiva de pecado públicamente y no pueden ser admitidos a la sagrada comunión".

ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) pamplona. Como ya lo hiciera con la Ley de Igualdad, el matrimonio homosexual, el Estatut e, incluso, varios apartados de los Presupuestos Generales para 2009, el PP seguirá con su política de denunciar visos de insconstitucionalidad en las leyes del PSOE y planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Aborto.

Su presidente, Mariano Rajoy, confirmó ayer en Pamplona, en su intervención en el V Congreso regional del PPN, esta amenaza que los populares vienen proclamando sobre esta ley desde que el Gabinete de Zapatero la anunciara hace más de un año.
Todo apunta a que el anuncio de Rajoy no fue fortuito, dada la situación de Navarra respecto a las interrupciones voluntarias del embarazo, ya que es la única Comunidad Autónoma donde no se practican abortos ni en la red pública ni en la privada. Rajoy basó su explicación en dos pilares: el "engaño" que supone que en el programa electoral del PSOE no apareciese la reforma de esta norma y su rechazo a que en los médicos adquieran destrezas en esta materia. "Ahora resulta que en las facultades de Medicina, como han llegado a un acuerdo con no sé quien en el Congreso, van a enseñar a los alumnos a practicar abortos", criticó. "¿Hay algún país del mundo, algún Parlamento, donde se pueda presentar una enmienda de estas características y luego aprobarla?", se preguntó, al tiempo que censuró con especial ímpetu el pacto suscrito entre el PSOE, ERC, IUN, BNG e ICV para aprobar esta ley, un acuerdo que hace hincapié en garantizar la educación sexual en todos los colegios.
Ante esta situación, el líder de los populares quiso mostrar una actitud constructiva avanzando que su formación planteará una ley para "ayudar a las mujeres en momentos difíciles y proteger la maternidad".
La parte del discurso Rajoy en clave estatal no se centró sólo en el aborto. Siempre bajo la premisa de que "todo va bien para nuestro partido", el líder popular repasó varios temas de actualidad para arremeter contra Zapatero, al que, en líneas generales, acusó de querer gobernar "para unir y no para dividir": "Es el peor Gobierno desde 1979, no resuelve los problemas y se dedica a crear más para dividir a los españoles".
Así, Rajoy defendió "el derecho a usar el crucifijo en los colegios" y señaló que el Gobierno "no tiene ningún derecho a prohibirlo". En cualquier caso, en lo que más tiempo invirtió fue en machacar la Ley de Economía Sostenible, el instrumento estrella del presidente central para cambiar el modelo económico. El mandatario popular defendió que "necesitamos otra política económica" y, para ello, avanzó que el PP propondrá un catálogo contra la crisis que incluirá bajar los impuestos y "arreglar el problema de la deuda".
manifestación sindical Coincidiendo con la movilización sindical celebrada ayer en Madrid, Rajoy exigió a los sindicatos que reclamen un "cambio" en la política del Gobierno central que integre a "sindicatos y empresarios".

ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Los obispos dieron ayer otra vuelta de tuerca a su frontal oposición a la nueva ley de interrupción del embarazo: bajo su punto de vista, el aborto, como el homicidio, debe quedarse dentro del Código Penal y no salir jamás de ahí.

«Una cosa es el pecado y otra el delito –dijo Juan Antonio Martínez Camino, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE)–. No todo lo que es pecado tiene que ser siempre delito. Pero no se entiende que quitar la vida a un no nacido no pueda ser también delito. ¿Puede una ley civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no pueda ser también un delito?». Alguien le preguntó si eso quería decir que abogaba por penar cualquier aborto, independientemente de sus circunstancias, pero el obispo, entonces, se levantó de la silla, dio por finalizada la rueda de prensa y se marchó.

CAMBIO DE POSTURA

Tampoco contestó, por tanto, a la cuestión que más perturba a los prelados: si meterían en la cárcel a las 115.000 mujeres que abortaron en España el pasado año. Hace justo un mes, cuando advirtió a los diputados que estarían en «pecado público mortal» y no podrían «ser admitidos a la sagrada comunión» si votaban a favor de la reforma –que el jueves cosechó el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos CiU, que se abstuvo, y el PP, que la rechazó–, Martínez Camino señaló que no quería a nadie entre rejas, ni mujeres ni médicos, por este motivo. Sin embargo, con su exigencia de que el aborto continúe dentro del Código Penal, su postura parece haber cambiado. Al menos, en términos de lógica jurídica. La inmensa mayoría de las infracciones criminales llevan asociadas una pena privativa de libertad. Solo las más nimias, esas que la doctrina penal llama «delitos de bagatela» –elhurto simple, por ejemplo–, comportan castigos distintos, como la multa. Pero Martínez Camino, que dijo que quería «dar voz a los que no tienen voz pero tienen derecho a vivir», considera que en el aborto está en juego «la vida humana», mucho más relevante que el patrimonio, un asunto, por otra parte, que también estuvo presente en su exposición. La CEE presentaba un documento sobre la crisis que sostiene que «las políticas antinatalistas tendrán efectos económicos perjudiciales para las generaciones futuras». El portavoz de los obispos concluyó: «Quitarles la vida tiene gravísimas consecuencias sociales y económicas».

La iniciativa propone la posibilidad de efectuar abortos sin restricciones hasta la semana de embarazo número 14, pero una cláusula que permitiría a las adolescentes realizarse este procedimiento sin el consentimiento de los padres había generado gran oposición entre los conservadores. Pero pese al cambio, las adolescentes aún podrán poner fin a un embarazo sin permiso de sus padres, dijo Carmen Montón, portavoz de asuntos femeninos para el gobernante Partido Socialista. Montón celebró el acuerdo y dijo que lo más importante es que las mujeres sean las que decidan. El partido vasco indicó que ahora respaldará la medida. La enmienda dice además que las adolescentes que puedan demostrar que informar a un familiar pudiera traerles graves consecuencias pueden quedar exentas de esa obligación. De acuerdo con la ley existente, el aborto era permitido en casos de violación, deformación fetal o si los médicos consideraban que el embarazo ponía en peligro la salud de la madre. La mayoría de los 100 mil abortos anuales en España se realizan bajo esa cláusula. Las mujeres que se sometían a abortos fuera de esos parámetros legales podían ser enjuiciadas, aunque eso es extremadamente inusual. La iniciativa de ley cuenta con el apoyo de varios partidos, pero eran necesarios los votos de seis diputados vascos para su aprobación en el Parlamento. El mayor rechazo a la ley proviene del conservador Partido Popular, la mayor agrupación opositora española, que tiene 153 escaños de los 350 de la cámara baja. Los socialistas dicen que están buscando el mayor consenso posible en apoyo a la medida.

Para el Purpurado, el rechazo de la enmienda Nelson-Hatch-Casey "es un grave error y un serio problema en la reforma sanitaria. El Senado está ignorando la promesa hecha por el Presidente Obama y la voluntad de los estadounidenses que no desean financiar abortos ni planes que los incluyan".
Tras deplorar esta medida del Senado, el Cardenal George explicó que "no haber rechazado el financiamiento del aborto hará que aliados se conviertan en adversario y exigirá que nosotros y otros más se opongan a esta ley" de reforma sanitaria.
Por su parte, el Cardenal Daniel DiNardo, Presidente del Comité de Actividades de la USCCB señaló que "el Congreso necesita separar los hechos y la verdad de la retórica política sobre el financiamiento de abortos. Incluso quienes se oponen a nosotros no apoyan que se financie abortos con fondos públicos".
"La manera de cerrar este confuso debate es simple y llanamente aplicar las restricciones debidas a los fondos federales a la legislación. Eso es lo que hizo la Cámara de representantes y lo que ley al final tiene que hacer. El Senado no debe aprobar la ley en su forma actual", resaltó.
De otro lado, el Presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la USCCB, Mons. William Murphy, aseguró que "el Congreso tiene que mantener las restricciones sobre el financiamiento del aborto y salvaguardar la objeción de conciencia (ante esta práctica infanticida) porque la nación necesita urgentemente una reforma sanitaria que proteja la vida, la dignidad la conciencia y la salud de todos".

La iniciativa, impulsada por el senador demócrata Ben Nelson con el apoyo de colegas conservadores y la minoría republicana, era similar a la aprobada en noviembre por la Cámara de Representantes, que impulsó el legislador demócrata Bart Stupak.
La derrota de la iniciativa haría peligrar la mayoría de 60 votos que necesitan los demócratas para vencer el obstruccionismo de los republicanos y aprobar la reforma al sistema de salud, una prioridad en la agenda del presidente Barack Obama.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) apoyó la enmienda de Nelson, al indicar que evitaría que los contribuyentes paguen por abortos de otras personas.
Entre tanto, diez senadores demócratas, cinco moderados y cinco progresistas, se reunieron este martes para limar diferencias sobre la cobertura médica universal mediante la opción de un seguro administrado por el gobierno.
Al igual que el aborto, el tema de la opción pública ha generado polémica entre demócratas moderados y la minoría republicana debido a sus altos costos y lo que consideran como una intervención del gobierno en el sistema de salud.
El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, espera en esos esfuerzos lograr el apoyo de las republicanas más progresistas, Susan Collins y Olympia Snowe, así como del independiente Joseph Lieberman, quien se opone a la opción pública

El obispo de la diócesis de Cordillera, monseñor Claudio Giménez, destacó durante la homilía central de la celebración de la Virgen de Caacupé, patrona del país, la necesidad de revertir ``la mentalidad del paraguayo machista, acostumbrado a engendrar hijos por muchas partes sin hacerse responsable de su paternidad''.
``Todos los hombres, pero especialmente los que están en condiciones de formar una familia o están a la cabeza de instituciones civiles, militares, policías y religiosas, y con mayor razón aquellos que conducen al país, deben dar ejemplo claro de responsabilidad por la vida que han engendrado'', afirmó Giménez, en una alusión indirecta a su ex colega gobernante.
En medio de un cerrado aplauso de decenas de miles de peregrinos que amanecieron en la explanada de la basílica de Caacupé, en la localidad del mismo nombre, a 54 kilómetros al este de Asunción, el líder religioso aseveró que ``todo niño tiene derecho a una identidad propia de pequeño ciudadano paraguayo''.
Lugo, de 58 años, se vio envuelto durante la Semana Santa en varios escándalos de presunta paternidad. En uno de ellos admitió que es el padre de un niño de dos años, nacido pocos meses después de renunciar a su estado clerical y fruto de una relación con una joven de 26 años.
Posteriormente se sumaron otras dos mujeres, de 27 y 40 años, que recurrieron a la justicia para exigir sendas pruebas genéticas. Además, una sobrina del gobernante, Mirtha Maidana, le atribuye la paternidad de una joven de 22 años.
Lugo, que se encuentra en Montevideo con motivo de la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, asumió al poder el 15 de agosto del 2008 al frente de una coalición de amplia base ideológica, con lo que puso fin a una hegemonía de 61 años en el poder del Partido Colorado.
Dos semanas antes de su investidura fue reducido al estado laical, en una decisión sin precedentes del Vaticano, que en el 2007 lo había suspendido ``a divinis'' por dedicarse a la política.
Giménez rechazó la lucha de clases que, según la oposición política, pregonan las agrupaciones de izquierda que apoyan al mandatario, y se apoyó en una cita de Juan Pablo II: ``El odio y la lucha por eliminar al otro constituyen métodos absolutamente inaceptables''.
``Pretender eliminar a un grupo porque es rico o porque es pobre, es el camino equivocado, por ese camino no podemos seguir andando'', enfatizó el obispo, quien se pronunció contra el aborto, el terrorismo y los secuestros.

También hubiese permitido que los administradores de un eventual plan público negasen la cobertura de esos servicios. La financiación del aborto es uno de los asuntos que más divisiones ha generado en el debate sobre la reforma de salud en el Senado, que pretende ampliar la cobertura médica a 31 millones de personas que carecen de un seguro, y reducir los costos de salud en EEUU.
La enmienda fue presentada por el senador demócrata Ben Nelson, y el republicano Orrin Hatch. La mayoría de los republicanos, y algunos demócratas, entre ellos Nelson, se oponen a la reforma de salud en su versión actual en el Senado, y han dicho que votarán en contra si los demócratas insisten en la "opción pública" y en la financiación del aborto en ciertas circunstancias.
La "opción pública" permitiría que el Gobierno compita con las aseguradoras privadas. La versión actual del proyecto de ley de reforma ante el Senado se apega a la ley federal en vigor, que prohíbe la financiación pública del aborto salvo en casos de incesto, violación, o cuando corre peligro la vida de la madre.
Los detractores de la reforma aseguran que la "opción pública" es otra costosa injerencia del Gobierno, y además exigen más restricciones a la financiación del aborto. Así, el rechazo de la enmienda enfrentó a grupos a favor y en contra del aborto.
El Consejo de Investigación sobre la Familia (Family Research Council), de corte conservador, criticó el rechazo de la enmienda y prometió continuar su campaña de movilización nacional en contra del aborto. Su meta es que la versión definitiva que salga del Senado incluya mayores restricciones sobre el uso de fondos públicos para el aborto.

Retrasos en la aprobación de la reforma
Pero Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos dijo que la enmienda en cuestión hubiese minado seriamente la salud de las mujeres porque, para efectos prácticos, se trataba de una prohibición total a la cobertura del aborto para millones de mujeres en EEUU.
Northup consideró inaceptable que los líderes del Congreso permitan que se utilice el debate de la reforma de salud como pretexto para impulsar una política más dura contra el aborto.
El rechazo de la enmienda, sin embargo, pone en peligro los esfuerzos de la jerarquía demócrata del Senado de lograr la aprobación de la reforma de salud antes de fin de año.
Los demócratas no tienen los 60 votos necesarios, del total de 100, para bloquear cualquier táctica dilatoria de los detractores de la reforma. La versión que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la que aprobó la Cámara de Representantes por estrecho margen el pasado 7 de noviembre.

El temor a los padres, el intento de proteger a la pareja y la falta de confianza están detrás de que casi el 30 por ciento de las chicas quisieran callar, según una encuesta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, divulgada hoy.
Asimismo, un 42 por ciento de las menores que decidirían por sí mismas declararon que en el momento de acudir al centro para abortar querrían ir acompañadas de un pariente o de otras personas de su confianza, pero no de sus padres, añade la nota enviada hoy por la Asociación (ACAI).
"Son precisamente estas menores las que más preocupan a los profesionales de ACAI, ya que el dato señala un significativo grupo que podría estar recurriendo a métodos clandestinos e ilegales para interrumpir una gestación que no desean comunicar a sus progenitores" .
Los resultados de la encuesta reflejan también que 244 (un 67,4 por ciento) habrían seguido confiando en sus padres y les comunicarían su situación, y la mayoría (80%) irían con ellos a la clínica abortista.
A juicio de la Asociación, esto último "corrobora" su tesis respecto a que las menores que confían en su padres van a seguir haciéndolo, "les brinde la nueva ley del aborto la oportunidad o no de evitar su tutela".
Respecto a las jóvenes que contarían su situación, un 68 por ciento estudia y un 66 por ciento declara tener pareja estable.
Entre las que eludirían la tutela paterna, un 73 por ciento es estudiante y un 65 por ciento afirma tener una relación continuada con sus pareja.
De todas las menores encuestadas, de 16 a 17 años, sólo quince (4 por ciento) dudaron de su respuesta, señalando todas ellas que preferirían la compañía de su pareja o amigos.
Por último, ACAI recuerda a los parlamentarios que tramitan la ley del aborto que la actual legislación permite a los menores decidir, sin tutela, sobre temas como una ligadura de trompas, el matrimonio, la maternidad y el tratamiento de quimioterapia.
"Resulta difícilmente sostenible que se reconozca la capacidad suficiente a nivel general para que una menor de 16 pueda decidir libremente sobre estos y otros aspectos decisivos de su vida y, sin embargo, se restrinja su libertad en relación al aborto provocado", concluye la nota.

Ayer un grupo de católicos, acompañados de niños, se dieron cita en el monumento del Ángel de la Independencia para manifestarse en favor de la vida. Al frente de los fieles, el rector de la antigua Basílica de Guadalupe, Pedro Agustín Rivera, explicó que la manifestación es preparación para el día 8 de diciembre, que celebra, a nivel mundial, “el derecho del concebido” y busca crear conciencia de que el ser humano comienza a existir desde la concepción y deben ser respetados sus derechos.
Mientras los asistentes portaban cartulinas y mantas en favor de la vida, en la que, se leían: “El mejor insecticida contra el aborto es papá y mamá”, el cura Rivera fue abordado sobre las opiniones de funcionarios de la ONU, quienes indicaron que las reformas estatales no respetan los derechos de las mujeres, y señaló: “Todos los tratados internacionales son a favor de la vida, más bien el aborto es el no respeto y esa es la violación a esos tratados”, dijo.

ASUNCION.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) Militó en grupos de la izquierda radical, fue guerrillera, luchadora pro aborto y ex funcionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Actualmente, la ecuatoriana Amparo Medina (43), madre de 3 hijos y presidenta de la Red Pro Vida, de Ecuador, lucha en contra del aborto y de las Leyes de Salud Sexual y Reproductiva que promueven los gobiernos en los países de América Latina.

En una visita por Paraguay ofreció su testimonio.
-¿Cómo decidió dejar de lado la lucha a favor las campañas pro aborto y empezar a luchar por la vida?
-Hubo tres momentos. El primero fue después de ver los resultados de la campaña que estábamos realizando. Los resultados fueron desastrosos. La metodología no funcionaba: de las 49 millones de personas oficialmente enfermas de sida, más de la mitad afirmaba haber usado correctamente preservativo. Cuando ves esa realidad y sigues entregando preservativo a los jóvenes y se siguen enfermando te preguntas: "¿Cuántas víctimas voy a tener bajo mi conciencia?" Eres atea pero tienes conciencia humana. Lo siguiente fue cuando me enfrenté directamente al aborto a través de una amiga mía muy querida que experimenta esa realidad y se derrumba totalmente, terminando con un síndrome posaborto muy fuerte. El tercer momento, me veo enfrentada directamente a una experiencia de Dios, a pesar de ser atea.
-¿Por qué cree que esas organizaciones quieren imponer la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en América Latina?
-Hay tres fines fundamentales. El primero es el control natal. Les permite el manejo de recursos en América Latina, tanto del agua cómo el oxígeno. Lo segundo, es que una población con chicos que viven la sexualidad como si fueran animalitos, que no tienen control sobre su carácter, es una población fácil de manipular. El tercer punto, el más importante, es el avance del "millon sex" (los millones del sexo). Es una empresa gigantesca. Al vender sexo te venden pornografía, prostitución, anticoncepción, aborto, y hasta bebés abortados, inclusive por internet, para sacarles el colágeno con los que elaboran cremas y champú; también para hacer investigaciones en farmacéuticas. Varios médicos se vuelven millonarios vendiendo y haciendo abortos. El aborto más barato cuesta US$ 60. En Estados Unidos se realizan más de 1 millón de abortos al año y cuestan US$ 300 cada uno. La pastilla de emergencia la compras a US$ 0,25 y la vendes a US$ 8. Los dispositivos intrauterinos (DIU) los puedes encontrar a US$ 2 o 3 y te ponen por US$ 25 a 30. La International Planned Parenthood Federation (IPPF) (Federación Internacional de Planificación de la Familia), la que más vende anticoncepción y aborto en América Latina, en el 2007 ganó US$ 77 millones.
-¿Qué piensa respecto a que el Estado debe ser laico y no tiene que tomar en cuenta las opiniones de las iglesias a la hora de decidir sobre leyes de educación sexual?
-Primero que nada, ser laico no quiere decir ser ateo. Ser laico quiere decir que estás abierto a todas las creencias y posiciones de las personas en el momento de presidir. Cuando dicen eso le están quitando el derecho a la humanidad, porque los miles y millones de personas que nos conmovimos cuando las torres gemelas fueron enturbiadas, y veíamos como la gente se tiraba por las ventanas y nos dolía porque había personas que estaban ahí. No nos dolía porque éramos católicos o ateos, nos dolía porque éramos seres humanos. Lo que hacemos es defender la raza humana. Si en este momento alguien viene con un niño y le quiere cortar en pedazos, la reacción del más ateo será querer defender a ese niño, de lo contrario deja de ser humano.
-¿Qué tipo de leyes es la que tendrían que promover los gobiernos?
-Primero deben generar propuestas que mejoren la calidad educativa de nuestros países. El nivel educativo está en un promedio de 3 o 4 sobre diez. Las matemáticas y la lecto escritura no están bien impartidas. Entonces, si nuestros niños no aprenden a leer ni a escribir correctamente sería una ignorancia pedir que los mismos maestros, que ni siquiera están bien instruidos, enseñen a los chicos a usar anticonceptivos, que lo único que van a hacer es matarlos. Segundo, establecer políticas de salud, donde se creen más maternidades y espacios donde los chicos sepan lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Que se diga la verdad, que se les diga que existen 55 tipos de enfermedades de transmisión sexual en el ambiente. Que las enfermedades de transmisión sexual no tienen que ver con el uso de preservativo solamente, porque hay enfermedades que se transmiten piel a piel, como el virus del papiloma humano que causa cáncer de útero. Que la clamidia es una enfermedad incurable que te deja estéril para toda tu vida. Eso es lo que le tienen que decir y no: "Ten sexo libremente". Finalmente, lo más importante dentro de las políticas es apoyar a las familias, es decir, que las familias grandes puedan tener, por ejemplo, rescisión de impuestos, sistemas accesibles de compras de casas, o sea, apoyarlas.
-¿Cómo ve el retorno de izquierdas en el continente?
-El socialismo del siglo XXI es el típico discurso del que vive, come y gana como la derecha, pero habla el discurso de izquierda, y de izquierda no tiene absolutamente nada. Fijate la incoherencia, porque son los famosos revolucionarios que están en contra del imperio y están trabajando para el imperio de las Naciones Unidas, legalizando el aborto y estas leyes de salud sexual y reproductiva.
-Haciendo una comparación entre la militancia que hace ahora y la que hacía antes, ¿qué puede decir?
-En la militancia del aborto solo vi muerte, jamás vi una mujer feliz entrar o salir de una clínica de esas. Yo pedía a las mujeres que aborten porque les decía que era su derecho. Para abortar existen miles de pretextos, la pobreza, tu felicidad, que ya tienes muchos hijos, que eres joven.
-¿Ahora qué responde ante esos pretextos?
-Ninguna mujer que ha abortado sale con un título o con un cheque para solucionar sus problemas. Ninguna, después de abortar, puede encontrar un hombre o la felicidad en la puerta del abortuario. Lo único que puede causar el aborto es empeorar tu situación. Lo más cruel que uno puede decir es que matando a su hijo la mujer puede solucionar sus problemas. Eso es mentira. Después de abortar, ¿vas a ser millonario? Hay mujeres, de 40 o 50 años que han abortado y hoy gritan al cielo un hijo. Tienen llenas sus paredes de títulos pero no pueden tener niños. Tenemos un batallón de voluntarios en toda América Latina, en las puertas de un abortuario informando y prestando ayuda a las mujeres. El resultado es que más 200 mil niños, en estos 8 años de trabajo, han sido salvados del aborto. Solamente en Ecuador, en estos últimos años hemos salvado a 2000 niños, solamente estando en las puertas y dándoles una mano.
Defensa de la vida
"Si alguien viene con un niño y le quiere cortar en pedazos, la reacción del más ateo será defenderlo".
"Los famosos revolucionarios que están en contra del Imperio están trabajando para el imperio de las Naciones Unidas, legalizando el aborto y estas leyes de salud sexual y reproductiva".

LA MISMA CAMPAÑA EN TODOS LOS PAÍSES
Tras su paso por Paraguay, Medina señaló que está admirada por el trabajo que desarrolla lo que llama el imperio de la muerte, en los países de Latinoamérica.
"Las leyes y la metodología que utilizan son las mismas, también el sistema educativo y la forma en que los políticos tratan de legalizar la ley de salud sexual y reproductiva, el aborto y la pastilla de emergencia", señaló.
Agregó que ante el acercamiento de un aniversario más de Beijing, donde en 1995 se había realizado la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la ONU, representantes de 189 gobiernos, entre ellos Paraguay, se comprometieron a tomar medidas de acción a favor de las mujeres, entre ellas, la creación de leyes de salud sexual y reproductiva para sus países. "Los gobiernos enviaron miles de millones de dólares para legalizar el aborto, a través de la creación de la Ley de Salud Sexual. Están apurados porque tienen que dar informes y resultados por los millones que han recibido y no hay resultados positivos", dijo. Añadió que trabajaron bastante, pero gracias a la lucha de gente comprometida con la vida no se logró su legalización.

MONTEVIDEO-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) El presidente electo de Uruguay para el periodo 2010-2015, José Mujica, quien pertenece al Frente Amplio, anticipó que no vetará una ley que despenalice el aborto en este país.

La decisión del poder ejecutivo uruguayo es especialmente lamentable, ya que este pequeño país, con alrededor de 3 millones 323 mil habitantes, ha sido calificado en la literatura política como un caso excepcional en la región, por el buen funcionamiento de su sistema democrático y su altísima participación electoral, consideró la Campaña por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Uruguay.

A pesar de que la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva del Uruguay, promulgada en 2008, establece que “el Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población”, en la práctica, no respeta los intereses de la mitad de la población.

Ignorando más de 20 de años de lucha de grupos feministas y de defensores de derechos humanos y la opinión de 63 por ciento de la población uruguaya que, según datos del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva estaban a favor de la interrupción legal del embarazo (ILE) en 2007, el presidente de la república, Tabaré Vázquez, vetó la despenalización del aborto a finales de 2008.

La ley vigente en el país sudamericano establece que el aborto es un delito siempre, y, ante el caso de una denuncia, el juez puede atenuar o eximir de la pena a la mujer que decidió interrumpir su gestación, a la persona que la acompañó y al médico que lo realizó, por cuatro causales establecidas: cuando el embarazo fue producto de una violación, por el honor de la familia, por angustia económica y cuando la vida de la mujer está en peligro.

Cabe recordar que en Uruguay en el Código Penal de 1934 dejó de castigar el aborto y la eutanasia considerada homicidio por piedad.

Esto colocó a Uruguay como una excepción en el mundo en estos temas. Si bien fue aprobada la reforma del código penal, juristas, médicos, políticos y obispos católicos confrontaron ideas y propuestas en varios proyectos de ley con la intención de modificar esta disposición.

Así, en 1938, el aborto fue nuevamente tipificado como delito, pero se admitieron las cuatro causales que eximen o atenúan la pena.

En el informe “El debate social y político sobre la Ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva”, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) en julio de 2009, se indica que en los más de 70 años de vigencia de esta ley, ha quedado demostrada su ineficacia, dado que nunca se pusieron en marcha las condiciones para habilitar el acceso a servicios que practicaran abortos dentro de las causales establecidas.

La calificación del aborto como delito siempre, y la ambigüedad para habilitar los atenuantes y de pena, causan inseguridades entre la población y el personal médico.

“Esta ley punitiva lo único que ha promovido es la práctica clandestina, la mayoría de las veces realizada en condiciones de riesgo, lo que continúa impactando sobre la salud y la vida de las mujeres”, señala el UNFPA.

Tras la modificación del artículo 150 del Código Penal que reduce las penas para el delito del aborto, descartando el periodo de cárcel y sustituyéndolo por un tratamiento en libertad para la mujer que se someta a esta práctica –consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud– diversos medios mexicanos informaron este hecho como si se hubiera tratado de la "despenalización del aborto" en una supuesta contradicción con el blindaje al derecho a la vida, desde la concepción, en Veracruz.
En declaraciones a ACI Prensa, Janet Ramos explica al respecto que "cambiar las penas de un delito no implica que éste se haya despenalizado. En Veracruz el aborto provocado y consentido por la madre sigue siendo un delito, es decir una conducta no querida por la sociedad ni por el Estado y por ende sancionable".
"Esto –agregó– se reafirmó cuando al efectuarse una primera votación fueron rechazadas las observaciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, orientadas a despenalizar el aborto".
Posteriormente, indicó la experta, "los diputados del PRI propusieron no una despenalización, sino una disminución de penas para el caso de la mujer y esto sí se aprobó".
Así, continuó Ramos, lo que ha sucedido en Veracruz con la modificación del Código Penal "es que la pena a aplicar a la mujer ha pasado de ser una pena ya mínima o simbólica que nunca se convertía en cárcel efectiva, a una pena consistente en trabajo comunitario (reparación a la sociedad por el mal que se hizo) y una atención integral de salud (que resalta el hecho de que el aborto es un mal grave para la mujer)".
La Gerente de Investigación Jurídica del Population Research Institute para América Latina, resaltó que "de hecho este cambio e inducción a confusión más parece responder a una presión mediática que a una técnica legislativa ya que el gobernador habla de ‘despenalización’ para evadir las críticas de los sectores abortistas".
"Esos son cálculos políticos que no tienen nada que ver con un debate jurídico en virtud del cual a mayor indefensión del afectado (el concebido) corresponde una mayor sanción del sujeto activo. De hecho en Veracruz este endurecimiento de penas si está siendo evaluado para los médicos, o cualquier persona que realice abortos y más aún, lucre con ellos", concluyó.

Brasil .- (AGENCIALAVOZ.COM ) Un sacerdote brasileño acusó a una pareja homosexual de engañarlo para poder carsarse. Luis Gonzaga da Silva, aseguró no haber podido distinguir a la supuesta “novia”, quien era en realidad un transexual.

José Ricardo Rocha (18), ayudante de albañil y Rogerio da Silva (26), su novio, contrajeron nupcias el 21 de noviembre en Caetés, ciudad ubicada en el estado de Pernambuco, al noroeste del país. La pareja gay logró engañar al párroco presentando documentos que mostraban que el mayor de los contrayentes era mujer.

Rogerio Da Silva (‘Paloma’) contrajo nupcias utilizando un largo y blanco vestido de novia. La pareja pagó cerca de 105 dólares por la ceremonia y otros mil 200 en una fiesta en un club de la ciudad de Saloá, lugar de origen de los ahora esposos.

A raíz de este escándalo nupcial, la iglesia de Brasil acusó a la pareja de estafar al sacerdote y aseguró que anulará la validez del matrimonio. José Antonio da Silva, vocero de la institución eclesiástica, declaró que jamás había sucedido algo semejante en los 43 años que tiene dicha iglesia y que, además, darán parte del caso a la policía.

HABLAN "LA NOVIA"
Rogerio da Silva, también llamado ‘Paloma’, dijo en su defensa que no consideró necesario dejar en claro que era hombre. Por otra parte, el novio “novia” sostuvo que es conocido en toda la región y que es suficiente con verle para darse cuenta de su transformación. El joven aseguró no arrepentirse de su boda en lo que llamó “un sueño realizado al lado del hombre que ama”.

Examinemos cómo los principales actores internacionales se comportaron durante la crisis desatada por el golpe civil del 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya, el primer caso de su tipo en América Latina en casi dos décadas.
• La medalla de oro por hipocresía política debe ser para Brasil. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva encabeza el grupo de países que no ha reconocido los resultados de las elecciones en Honduras, ganadas por Porfirio Lobo, un izquierdista convertido en empresario. Lula da Silva dice, correctamente, que reconocer la elección de Lobo sentaría un mal precedente para América Latina porque legitimaría unas elecciones convocadas por un gobierno no democrático.
El problema con ese argumento es que la mayoría de las democracias en América Latina surgieron de elecciones convocadas por gobiernos salidos de golpes de Estado, comenzando por la victoria del presidente chileno Patricio Aylwin, en 1989, en unas elecciones nacionales organizadas por la dictadura del general Augusto Pinochet. Por otra parte, las recientes elecciones hondureñas no fueron un invento del régimen de facto del presidente saliente Roberto Micheletti porque se habían programado antes del golpe.
Pero lo que hace de la posición brasileña una evidente muestra de hipocresía política es que sólo días antes de pedirle al mundo que no reconociera la elección de Lobo en Honduras, Lula da Silva le dio un espléndido recibimiento en la capital brasileña al hombre fuerte de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ofreciéndole un reconocimiento internacional que mucho necesita.
Además de ignorar las advertencias de Naciones Unidas sobre su programa nuclear y afirmar repetidamente que quiere barrer a Israel de la faz de la tierra, Ahmadinejad acaba de proclamarse el ganador de unas elecciones extremadamente dudosas y cuestionadas. Peor todavía, el régimen de Ahmadinejad ha condenado a muerte a ocho opositores, algo que al saliente gobierno de facto de Honduras ni siquiera se le ocurrió.
Además, ¿cómo puede Lula da Silva llamar a mantener sanciones internacionales contra Honduras mientras, al mismo tiempo, exhorta al mundo a levantar las sanciones que quedan contra Cuba?
Aparentemente, Brasil quiere mantener la suspensión de Honduras en la OEA, aunque recientemente encabezó la votación que levantó la suspensión de Cuba en el mismo organismo, que duró casi cinco décadas.
Es una posición curiosa, considerando que el gobierno cubano no ha permitido elecciones libres ni partidos de oposición en 50 años, algo que ciertamente no puede decirse del gobierno de facto de Honduras.
Es cierto que Brasil puede verse obligado a tomar una defensa más activa de la posición de Zelaya porque el depuesto presidente está en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Pero la posición de Brasil en la crisis de Honduras ha sido un chiste.

La medalla de oro por indecisión debe ser para Estados Unidos.
Inicialmente, el gobierno del presidente Barack Obama se unió a Brasil y otros países latinoamericanos en la denuncia del golpe y la eliminación de la asistencia antinarcóticos y para el desarrollo al gobierno de Micheletti. Luego el Departamento de Estado dijo que reconocería los resultados de las elecciones del domingo, alegando que ayudaría a restablecer una democracia plena en el país.
Sin embargo, más recientemente se retractó parcialmente, sugiriendo que Honduras tenía que formar un gobierno de unidad nacional antes de la transferencia de poder para que Washington le levantara las sanciones. Si usted está confundido, no se preocupe, yo también lo estoy.
Es cierto que la crisis de Honduras se desarrolló mientras el cargo de jefe de asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado estaba vacante porque los republicanos habían demorado la nominación de Arturo Valenzuela hasta su confirmación el mes pasado. Con todo, la posición de Estados Unidos ha sido, por lo menos, confusa.
• La Organización de los Estados Americanos merece una medalla de oro por parcialidad. En vez de condenar el golpe y simultáneamente hacer alguna crítica a Zelaya por haber desobedecido los fallos del Tribunal Supremo de su país en los primeros días de la crisis, la OEA sólo hizo campaña a favor de Zelaya. Esto le dificultó al grupo de 34 países intervenir como intermediario imparcial en la crisis.
¿Qué debieron haber hecho los actores internacionales? En contra de lo que dicen los derechistas del Congreso, deben imponerse sanciones a Honduras por lo que indiscutiblemente fue una ruptura del estado de Derecho. Ningún golpe debe quedar sin sanciones.
Pero debe haber una distinción entre sanciones políticas y sanciones económicas. Es injusto hacer responsable al presidente electo de Honduras por un golpe en el que no tuvo participación. Además, no tiene sentido exhortar a imponer sanciones económicas contra Honduras mientras se pide que se levanten las medidas contra Cuba.

Las iniciativas se encuentran pendientes de estudio y dictamen en las comisiones unidas de Salud y de Justicia de la cámara, y pretenden reformar la Ley Federal de Salud.
Guillermo Espinoza, analista católico en el Centro Multimedia del Episcopado Mexicano, dijo que de la 60 Legislatura destacan dos iniciativas: una presentada por la diputada Maricela Contreras (PRD), que reforma los artículos 330 a 334 del Código Penal Federal para despenalizar el aborto que se realice antes de la doceava semana de gestación.
Una de las causales que introduce es que la mujer pueda abortar cuando considere que el embarazo afecte su proyecto de vida y las instituciones de salud tendrán la obligación de proporcionar “información suficiente, amplia, objetiva, imparcial y veraz, de apoyo y alternativas sobre procedimientos, riesgos y consecuencias de la práctica del aborto, a fin de que la mujer decida de forma libre y responsable, debiendo abstenerse de inducir o retrasar la decisión”.
También reconoce el derecho a la objeción de conciencia del médico que pudiera realizar el aborto. La excluyente para no invocarla será si la salud o vida de la mujer corre peligro, el médico no podrá alegar la objeción y estará obligado a procurar el aborto.
La segunda iniciativa fue presentada por la diputada Elsa Conde, de Alternativa, cuyo objeto es reformar los artículos 330 y 333 del Código Penal para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, “plasmados en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En declaraciones a ACI Prensa, Fernández explicó que Mujica fue un "guerrillero tupamaro durante los años previos a la dictadura militar, que se inició en 1973 y culminó en 1984" al igual que su esposa, quien también es "claramente favorable a la legalización del aborto".
Refiriéndose a las diferencias entre ambos candidatos, el líder pro-vida indicó que éstas "eran notables, no sólo por su aspecto exterior o por su estilo de hacer política, sino por algunas diferencias filosóficas de fondo".
Por ejemplo, explicó, el ex Presidente Luis Lacalle, candidato del Partido Nacional, "había prometido vetar una ley de aborto en caso de ser aprobada por el Parlamento; el Sr. Mujica prometió no poner ninguna traba a la ley de aborto".
Para advertir "lo grave de la grave decisión –prosiguió– que tomarían los uruguayos el domingo 29, el lunes 23 de noviembre, los provida uruguayos, con Carlos Iafigliola a la cabeza, se movilizaron y recorrieron la principal avenida de Montevideo, manifestando su rechazo la legalización el aborto. La marcha convocó a más de 3.500 personas".
"En la legislatura que ahora termina, tuvieron mayoría parlamentaria y aprobaron la ley de aborto. Pero esta norma fue vetada por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez. El Frente Amplio intentó levantar el veto, pero para ello necesitaban los dos tercios de la Asamblea General, que ratificó la decisión del Presidente", continuó.
"Lo cierto y lo concreto es que la batalla por la vida en el Uruguay, está francamente comprometida", dijo luego Fernández para precisar luego que "seguiremos luchando como siempre lo hemos hecho. Vamos a dar todo lo que esté de nuestra parte para lograr lo imposible. Contamos con las oraciones de todos, y con la ayuda, mal que le pese al Sr. Mujica
Por su parte, Carlos Polo, Director de la Oficina para América Latina del Population Research Insitute, declaró a ACI Prensa que "si bien es cierto que el candidato Mujica manifestó su opción por el aborto, el Presidente Mujica no necesariamente tiene que decidir de acuerdo a sus convicciones personales. La votación que le está dando la presidencia es muy ajustada y casi la mitad del país no concuerda con sus postulados".
Por ello, advierte, "Mujica debe gobernar para todos y no solamente para un grupo social o político pues existe una tendencia social creciente en Uruguay en contra de la legalización del aborto".
Seguidamente, Polo resaltó que "ni siquiera el Frente Amplio es monolítico en su opción abortista. La figura descollante del actual Presidente Tabaré Vasquez, cuyos méritos económicos y sociales se han reflejado en las urnas, está decididamente en contra de aprobar una ley que mate niños por nacer. Mujica le debe en buena parte su elección y sería un mal inicio de gobierno pasar por encima de su decisión".

Según explican los organizadores del encuentro, estas personas con "distintas posturas religiosas y políticas, convocados por la Red Antioquia Provida, se reunieron en el mismo lugar donde será levantada la estructura de la Clínica de la Mujer, que gracias a la presión de feministas radicales de genero, iniciará su construcción a mediados de 2010".
Esta clínica fundamentada en la controvertida ideología de género se presenta "a favor del aborto, la anticoncepción, la diversidad sexual y en contra de la familia, la maternidad y una recta sexualidad. La Clínica de la Mujer busca ser un programa piloto en Medellín para luego replicarse en toda Colombia y América latina", denuncian.
Los organizadores destacan finalmente que con esta manifestación buscaban generar "conciencia frente al valor de la vida humana en la ciudad. Con cantos, poemas y una obra teatral, cada uno de los asistentes encendió una luz por la vida y se comprometió a defenderla en todo momento y lugar".

El texto compromete a los participantes "a defender toda vida humana" y que ella sea respetada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. De igual manera se manifiesta a favor del matrimonio y la familia "y por ello nos oponemos y pedimos a nuestros representantes en el Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa y Municipalidades, el rechazo de todo proyecto de ley, política o actividad institucional" que pudiera desnaturalizarlos.
"Nos comprometemos a ejercer nuestro sagrado derecho al voto en forma responsable, haciéndolo por quienes propongan y se comprometan a defender y promover desde sus cargos públicos la vida humana, el matrimonio y la familia", afirmó el texto.
El evento fue organizado por el Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, y según afirmó su representante Alexandra Loría Beeche, la marcha fue "una verdadera fiesta por la vida y la familia".

MEXICO-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) El gobernador Fidel Herrera Beltrán propuso al Congreso estatal despenalizar el aborto en Veracruz, luego de reconocer que son muchas las causas que obligan a las mujeres a interrumpir su embarazo, exponiendo su vida por hacerlo en condiciones clandestinas y sin las medidas sanitarias mínimas.

Hace 10 días, los diputados locales reformaron el artículo 150 del Código Penal, que establece que a la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá en libertad un tratamiento médico integral provisto por el estado y una multa de 75 días de salario.
Esa legislación precisa que sólo en el caso de reincidencia se le aplicará pena privativa de libertad de uno a cuatro años de prisión y multa de 100 días de salario mínimo.
Ayer, el mandatario presentó ante el Congreso del estado observaciones a una reciente reforma al Código Penal, con lo que busca despenalizar la interrupción del embarazo.
Herrera Beltrán aclaró que se pretende cancelar un párrafo del artículo 150 del Código Penal, a fin de eliminar la sanción de cárcel a las mujeres que incurren en esta práctica.
Con la iniciativa que envió el Ejecutivo estatal, se busca modificar la legislación aprobada hace 10 días, que establece una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 100 días de salario mínimo a las mujeres que aborten reincidentemente.
De aprobarse la modificación al segundo párrafo artículo 150 del Código Penal, quedaría así: “A la mujer que se provoque o consienta que se practique un aborto se le impondrá el tratamiento en libertad consistente en medidas educativas y de salud”.
PRI y PAN aprobaron sanciones
El pasado 17 de noviembre, con 37 votos a favor (del PRI y PAN) y seis en contra (PRD y PT), el pleno del Congreso local aprobó dicha reforma al Código Penal para disminuir las sanciones privativas en contra de las mujeres que se provoquen un aborto.
A propuesta del grupo legislativo del PAN, los diputados modificaron en esa ocasión un artículo de dicho Código Penal para ser más “benévolos” con la mujer que aborte y ofrecerle tratamiento médico.
Con las observaciones que presentó el mandatario, se busca eliminar por completo la cárcel como castigo para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
El gobernador dijo que decidió proponer estos cambios debido a que son muchos los factores que obligan a las mujeres a exponer su propia vida, muchas veces en condiciones clandestinas y sin contar con las medidas sanitarias mínimas que se requieren al momento de practicarse un aborto.
“Con el riesgo adicional de ser privadas de su libertad como consecuencia de un delito que se observa en la Ley Penal”, afirma la exposición de motivos que envió al Congreso.
Rechaza multas a primerizas
La iniciativa contempla no imponer multas económicas a quienes por primera vez incurran en un aborto, pero se establecerá en la ley una multa y la obligación de recibir una atención médica integral en caso de reincidir en esta práctica.
El Distrito Federal es la única entidad en la que se permite su práctica en las primeras 12 semanas de gestación.
Hasta ahora, los Congresos estatales que rechazaron el derecho al aborto son: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.

ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Sobre la ley del aborto, Zapatero ha querido dejar claro que no tiene ningún tipo de preocupación por la posibilidad de ser excomulgado y ha subrayado que "un Estado democrático es un Estado aconfesional, un Estado laico".

En una entrevista a La Sexta, el jefe del Ejecutivo ha reiterado su respaldo a la nueva Ley ya que considera que estará en la media de la Unión Europea. En este sentido, dijo que salió "preocupado" del debate parlamentario, no por su resultado sino por las cosas que dijo el PP y su "deriva" en cuestiones de valores: "estaríamos, de verdad, en un retroceso democrático y nos alejaríamos del comportamiento de la mayoría de los países de la Unión Europea", ha explicado. De este modo, ha vuelto a insistir en que lo fundamental será no criminalizar a la mujer que aborta y que dicho que buscará el consenso sólo en lo referente a la información de los padres en las jóvenes de entre 16 y 18 años. De momento, ha afirmado, "el principio de que la madre sea la que tome la decisión".

La ley ha contado con el apoyo de los diputados de 7 partidos, encabezados por el PSOE (Partido Socialista de España), para un proyecto que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y permitirlo a las menores de 16 años sin consentimiento de los padres.
Mientras, en Latinoamérica se sigue luchando por la despenalización al menos en casos específicos, como malformaciones del feto, riesgo de vida de la madre o violación.
En la reciente reforma a la Constitución de la República Dominicana, que aún no ha sido promulgada, quedó establecido que "el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte", prohibiendo así el aborto en cualquier circunstancia.
En Colombia, el Consejo de Estado anuló hace un mes el Decreto 444 de 2006 que reglamentaba las condiciones excepcionales para la práctica del aborto, que permitía a clínicas y hospitales realizar los procedimientos médicos necesarios para la interrupción del embarazo.
A voz de "con decreto o sin decreto, yo decido sobre mi cuerpo", las colombianas protestaron frente al Palacio de Justicia de Bogotá para pedir que se restituyera el decreto del Ministerio de Protección Social.
En igual situación se encuentra Chile donde el aborto fue prohibido en todas sus formas en 1989, poco antes del fin de la dictadura, y esa penalización se mantiene hasta el día de hoy.
A pesar de las restricciones se calcula que en Chile se realizan unos 160 mil abortos clandestinos anuales, una de las tasas más altas de América Latina.
Antes de la reforma de 1997 en El Salvador se podía abortar en ciertos casos, pero luego de la modificación, incluso el aborto terapéutico, quedó penalizado.
En Perú se debate actualmente una reforma del código penal para despenalizar el aborto, el pasado 20 de Octubre religiosos y activistas pro-aborto se enfrentaron verbalmente frente a la sede del Congreso, en Lima.
En Perú se permite el aborto por razones terapéuticas, ahora se propone ampliar la autorización en casos de embarazos productos de violación e incesto y por malformaciones fetales graves.
Las nicaragüenses se encuentran ahora mismo en una batalla legal, han pedido a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la ley que prohibió el aborto terapéutico en Octubre de 2006.
Han sometido dos recursos de inconstitucionalidad, uno en marzo de 2008 y el otro en septiembre de ese mismo año, pero la Suprema Corte sigue sin fallar estos recursos.
Los únicos países de América Latina donde se permite el aborto libre son Cuba, Puerto Rico (como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos) y el Distrito Federal de México, donde se permite la interrupción del embarazo por cualquier motivo durante el primer trimestre de gestación.
En el resto de países de latinoamérica prima todavía la fórmula de permitirlo es escasas circunstancias.
La ley del aborto que se conoce ahora en España también ha tenido su oposición, varias organizaciones convocaron a una marcha multitudinaria el pasado 17 de Octubre, pero a pesar de la masiva asistencia la ley superó hoy su primer escollo y continuará su curso con miras a la aprobación.
De aprobarse esta nueva ley la interrupción del embarazo será voluntaria hasta la semana 14 de gestación y será una prestación de servicio médico público y gratuito.
Mientras en América Latina las mujeres activistas siguen exigiendo que el aborto sea considerado un derecho en sus sistemas legales.

DAV tiene programado numerosos actos. Entre ellos, aprovechando las fiestas navideñas, enviará a cada diputado un pequeño obsequio, un jabón que representará a un niño e invitará a los parlamentarios a decidir si «van a lavarse las manos en una cuestión tan grave». Además, antes del 31 de diciembre se hará entrega en los registros del Congreso y de La Moncloa del millón de firmas recogidas este año en contra del aborto.
Igualmente se encargará un nuevo sondeo para que se evalúe el coste electoral que le puede suponer la aprobación de la ley al PSOE, pero sobre todo al PNV y a CiU.
Por otra parte, se hará público en Madrid un manifiesto interconfesional suscrito por altos mandatarios nacionales de las confesiones católica, evangélica, judía y musulmana, en contra del aborto.
De igual modo se pondrá en marcha una Iniciativa Popular Legislativa para favorecer el anonimato de la madres que deseen entregar a sus hijos en adopción y para agilizar los trámites de las mismas.

Hasta el momento suman 17 los estados del país que han declarado ilegal el aborto, por lo que el tema pasó a instancias federales para que revisen la propuesta que hizo Veracruz y quede estipulado en la Constitución.
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, manifestó que se trata de un asunto muy polémico que se discutió ampliamente y el Congreso de su estado tomó una resolución que él respeta.
Sobre si esta decisión no va contra los postulados del PRI, el mandatario oaxaqueño dijo que en el PRI había temas tabú que se han modificado debido a que la sociedad está cambiando y si el instituto tricolor no lo hace al ritmo que ésta lo demanda, se quedará atrás.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, señaló a su vez que la Legislatura local aprobó reformas al Artículo 150 del Código Penal que establecía cárcel, de cuatro a seis años, a las mujeres que abortaban, y ahora ha quedado totalmente despenalizado.
Indicó que su gobierno ha apoyado entre las políticas públicas la de la píldora del día siguiente y tiene gran respeto por las mujeres en situación de riesgo, como lo muestra el hecho de haber creado un centro estatal de atención a las víctimas del delito.
Comentó que en Veracruz se votó la despenalización del aborto, 'pero cuando viene el tema acá a la ciudad me entero que en el Congreso los grupos parlamentarios acordaron también enviar la iniciativa de reforma del (artículo) Cuarto de la Constitución local'.
Sin embargo, Herrera Beltrán aseguró que 'no es un tema de nuestra agenda ni de lo que ocurrió en Veracruz, donde se ha despenalizado el aborto'.

Tras aclarar que la ley aún no ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, lamentó que algunos quieran celebrar un supuesto triunfo del aborto.
Cruz reiteró el pedido a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, de que retire este proyecto y elabore una normativa "verdaderamente feminista y de auténtico apoyo a la mujer".
"Una primera medida podría ser destinar los fondos públicos con los que ahora se pagan abortos a ayudas a mujeres embarazadas con problemas. Leyes como la de la Comunidad Valenciana de apoyo a la maternidad son un primer paso hacia una verdadera mentalidad de ayuda a las mujeres que se encuentran solas y con un embarazo inesperado", señaló.
Cruz deploró que las Ministras del Gobierno hayan mostrado alegría tras la votación contra las enmiendas presentadas por el Partido Popular en el Congreso.
"No puede ser que la matanza de seres humanos quede impune y además se celebre", indicó el experto y agregó que esta alegría "no está justificada: no hay más que fijarse en los despojos humanos que deja el aborto, en los seres humanos rotos que provoca y el desgarro en sus madres".
"La ley no ofrece alternativas al aborto, lo convierte en un derecho y busca liberar a las clínicas abortistas de los problemas legales que ahora tienen", cuestionó.

Según los datos recogidos por el Libro IVE 2008, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, 1.695 de los abortos en la comunidad se realizaron en las 12 primeras semanas de gestación y, de ellas, 1.145 dentro de las ocho primeras.
Con un 3,53 por ciento, Galicia registró en 2008 su menor porcentaje de abortos de la última década, un total de 1.981, mientras las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se han ido incrementado año a año en el conjunto de España hasta llegar al 11,78 actual (115.812) frente al 6,52 por ciento (58.399) de 1999, lo que supone prácticamente que se han duplicado.
El bajo índice de inmigrantes es uno de los factores a los que se recurre para explicar por qué la nuestra es la comunidad con menor número de abortos del Estado. Refrendaría esta teoría el hecho de que más de la mitad de los abortos practicados en España, un 55, 1 por ciento, afectan a mujeres extranjeras y son autonomías tradicionalmente receptoras de mano de obra foránea las que registran las mayores tasas de gestaciones interrumpidas. Murcia y Cataluña superan en cuatro veces (con un 16,59 y un 16,49 por ciento respectivamente) la tasa gallega.
Perfil mayoritario
El perfil mayoritario de quienes abortan en Galicia responde al de una mujer soltera, de entre 20 y 29 años, con estudios secundarios, residente en el ámbito urbano, sin hijos, asalariada y que se somete a una interrupción voluntaria del embarazo por primera vez. De fuera de España, abortaron 416 mujeres en la comunidad, un 20,9 por ciento.
Un dato que preocupa a los facultativos es que acaban en aborto la mayoría de los embarazos en menores de 25 años. El Libro IVE de Sanidad recoge 486 interrupciones en mujeres de entre 20 y 24 años en Galicia. Se corresponde esta franja de edad con la de mayor volumen de población puesto que se calcula que entre un 95 y un 97 por ciento de mujeres en esta edad tienen relaciones sexuales. De entre 15 y 19 años (los estudios cifran que alrededor de la mitad son sexualmente activas) se practicaron en 2008 un total de 287 abortos y otros 9 se le realizaron a adolescentes de menos de quince años.
Por violación, durante todo el año 2008, sólo se realizó un aborto en la autonomía, y por riesgo fetal, 68. Suponen apenas un 3,48% del total. El resto, 1.912, se llevaron a cabo aduciendo riesgo para la salud de la madre, un epígrafe que, a la postre, permite ponerle término a todas las gestaciones no deseadas alegando principalmente que afecta psicológicamente a la embarazada. El método de intervención más habitual es el de aspiración (1.430), seguido de la píldora abortiva Ru486 (329) y el legrado (99).

RELATIVIZACIÓN DE DATOS
El ochenta por cien, en la privada
Llama la atención el hecho de que, aunque seis de cada diez gallegas (1.207) que deciden ponerle fin a su embarazo se informan en un centro público, ocho de ellas recurren a una clínica privada (1.617) para someterse a la intervención. En el Sergas, a pesar de que en los últimos años se ha incrementado el número de centros que los realizan pero sin llegar a cubrir todas las comarcas, el procedimiento es más engorroso y se exige plena justificación de acuerdo a los tres supuestos que actualmente marca la ley.
El informe del Ministerio cita como fuentes en Galicia tres clínicas privadas (Faos de A Coruña y Gelme y Climent de Vigo) junto al hospital de Ourense y el COF olívico. Que no contemple datos de la totalidad de los centros, junto a la sospecha de que los privados no están declarando todos los que realizan principalmente por intereses económicos, son los argumentos que ponen en duda la exactitud de los datos. Aún así, se estima que se aproximan bastante a la realidad teniendo en cuenta que son los centros ourensano y vigués los que asumen un 80 por ciento de las interrupciones llevadas a cabo en la sanidad pública y que, en conjunto, las realizadas en todos los hospitales del Sergas no llegan al 5 por ciento del total.
La legislación obliga, tanto a servicios públicos como a privados, a cubrir un cuestionario cada vez que se realiza un aborto. El documento es anónimo y confidencial y se reeenvían dos copias, una a la Xunta y otra a Sanidad .

PÍLDORA
Apenas influirá la venta libre de la poscoital
Se estima que, en Galicia, la venta sin receta en farmacias de la píldora del día después no conllevará una disminución significativa del número de abortos, dado que en nuestra comunidad ya se venía dispensando de forma gratuita en servicios de urgencias y centros de salud. Sí, en cambio, se notará en otras autonomías donde el acceso era más difícil y, de hecho, se cuadriplicó el consumo en España el pasado octubre, en el primer mes de venta libre. En 2008 se comercializaron en el Estado unas 540.000 unidades de un producto, que, según algún estudios, puede evitar abortos hasta en un 40% .