A fines de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) peruano ordenó cesar la distribución gratuita de dicha píldora por considerar que no existe certeza de si sus efectos son abortivos o no.
El Tribunal aceptó de este modo la demanda presentada por 'Sin Componenda', una ONG católica que se califica preocupada por el "avance del deterioro moral de la sociedad" y que en su página internet señala tener como miembros honorarios a Yavhé, al Espíritu Santo y a María del Perpetuo Socorro.
La decisión del TC recibió duras críticas de parte de grupos feministas y de las autoridades de Salud.
Este domingo 11 ex ministros de salud más autoridades médicas firmaron un documento para decir que el fallo del tribunal vulnera los derechos de las mujeres.
"Para frenar el aborto en el Perú en caso de violación o de embarazos no deseados se necesita la píldora del día siguiente", dijo recientemente el ministro de Salud, Oscar Ugarte.
Las protestas contra la decisión del TC se dieron justo en un momento en que grupos conservadores, liderados por el ministro de Defensa, Rafael Rey -un reconocido miembro del Opus Dei- también se oponen al aborto para casos de violación o malformaciones del feto.
Grupos pro derechos de las mujeres han salido a las calles bajo la consigna de "saquen sus rosarios de nuestros ovarios".
La situación de la Pastilla del Día Siguiente (PDD) en América Latina varía de país a país.
En México el gobierno aprobó en 2004 su venta en farmacias, y a partir de 2005 forma parte de la canasta básica de medicamentos gratuitos que se otorgan en unos 19.000 hospitales públicos. Los opositores argumentan que el gobierno no ha demostrado que no sea abortivo.
En Argentina, la PDD puede comprarse en farmacias, y desde marzo de 2007 es distribuida a través de un programa del ministerio de Salud en hospitales y centros de atención en forma gratuita.
La Iglesia católica, culto mayoritario en el país, se ha opuesto a la distribución de la píldora por considerarla abortiva.
En Venezuela se vende libremente la PDD desde 2000, y en la actualidad es comúnmente publicitada en consultorios médicos.
En Chile se ha librado una larga batalla para obtener su distribución universal tras los recursos legales planteados por grupos ultraconservadores.
Primero prohibida, luego autorizada bajo restricciones y a un costo de 15 dólares por unidad, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se autorizó el reparto de la PDD a toda mujer mayor de 14 años en los centros públicos de salud.
La medida le valió a Bachelet una dura disputa con la Iglesia Católica.
Un dictamen inapelable del TC en abril de 2008 prohibió el reparto en los centros públicos, aunque lo mantuvo en las farmacias privadas.
En Bolivia, en tanto, la píldora es comercializada libremente en las farmacias desde 2004, aunque el gobierno autoriza su uso sólo en casos de violación o sospecha de que uno de los métodos anticonceptivos tradicionales falló. Se consigue a un costo de entre 6 y 8,5 dólares la unidad.
La Iglesia católica pide ocasionalmente al gobierno que prohíba su utilización.
En Colombia, desde agosto de 2001 es permitida la venta de la PDD bajo fórmula médica.
Recientemente, el Consejo de Estado, una de las altas cortes colombianas, declaró legal su uso, al rechazar una petición de un ciudadano que buscaba su prohibición.
En Paraguay, el ministerio de Salud aprueba la PDD para situaciones de emergencia, específicamente para casos de violaciones, dijo a la AFP la ministra de esa cartera, Esperanza Martínez.
No hay restricción en la venta al público pero "no hay una conciencia de las mujeres" de que la pueden usar, señala.