Polémico debate
El Parlamento debate estos días una polémica reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada por el ejecutivo, que propone el aborto libre hasta la 14 semana de gestación, entre otras modificaciones.La Conferencia Episcopal Española volvió a insistir en que el texto es una "gravísima lesión" de la moral católica, pero, además de considerarlo un pecado, calificó al aborto como una práctica ilegal."No se entiende que quitar la vida a un ser humano inocente no puede ser delito", dijo en rueda de prensa el secretario general del episcopado, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. "No puede haber un sistema jurídico justo que dé curso legal a quitar la vida a un ser humano".

Por su parte, el gobierno español respondió que su relación con la Iglesia católica es de lealtad a pesar de las evidentes discrepancias, pero precisó que el poder de legislar está en manos del Parlamento."La Iglesia tiene derecho a participar en los debates sociales", recordó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al término de la reunión semanal del gabinete. "Pero a la hora de adoptar decisiones, la palabra la tienen los representantes de la soberanía".La reforma que debate el Congreso de los Diputados ha chocado con una fuerte oposición de los grupos conservadores y de la Iglesia católica.Sin embargo, el gobierno socialista parece en disposición de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto, probablemente a principios del año que viene. La nueva normativa autorizará el aborto libre hasta la 14 semana y permitirá la interrupción hasta la 22 semana en caso de que el médico diagnostique un riesgo serio para la vida del bebé o la madre.

El Parlamento acordó el jueves enmendar parcialmente otro de los puntos más polémicos de la nueva ley: finalmente, los médicos deberán informar a los padres si una menor de 16 y 17 años aborta, aunque, eso sí, no se requerirá la autorización paterna.Martínez Camino presentó en Madrid el documento "Ante la crisis moral y económica", que fija la posición de la Iglesia en torno a diversos temas de actualidad en España y reafirmó la postura de la jerarquía católica de excluir de la comunión a a los parlamentarios que apoyen la nueva ley."Quitar la vida a los que van a nacer es una gravísima lesión moral", señaló. "Los católicos deben recordar que si lo hacen (apoyar la ley) se ponen en una situación objetiva de pecado públicamente y no pueden ser admitidos a la sagrada comunión".