ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Los obispos dieron ayer otra vuelta de tuerca a su frontal oposición a la nueva ley de interrupción del embarazo: bajo su punto de vista, el aborto, como el homicidio, debe quedarse dentro del Código Penal y no salir jamás de ahí.

«Una cosa es el pecado y otra el delito –dijo Juan Antonio Martínez Camino, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE)–. No todo lo que es pecado tiene que ser siempre delito. Pero no se entiende que quitar la vida a un no nacido no pueda ser también delito. ¿Puede una ley civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no pueda ser también un delito?». Alguien le preguntó si eso quería decir que abogaba por penar cualquier aborto, independientemente de sus circunstancias, pero el obispo, entonces, se levantó de la silla, dio por finalizada la rueda de prensa y se marchó.

CAMBIO DE POSTURA

Tampoco contestó, por tanto, a la cuestión que más perturba a los prelados: si meterían en la cárcel a las 115.000 mujeres que abortaron en España el pasado año. Hace justo un mes, cuando advirtió a los diputados que estarían en «pecado público mortal» y no podrían «ser admitidos a la sagrada comunión» si votaban a favor de la reforma –que el jueves cosechó el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos CiU, que se abstuvo, y el PP, que la rechazó–, Martínez Camino señaló que no quería a nadie entre rejas, ni mujeres ni médicos, por este motivo. Sin embargo, con su exigencia de que el aborto continúe dentro del Código Penal, su postura parece haber cambiado. Al menos, en términos de lógica jurídica. La inmensa mayoría de las infracciones criminales llevan asociadas una pena privativa de libertad. Solo las más nimias, esas que la doctrina penal llama «delitos de bagatela» –elhurto simple, por ejemplo–, comportan castigos distintos, como la multa. Pero Martínez Camino, que dijo que quería «dar voz a los que no tienen voz pero tienen derecho a vivir», considera que en el aborto está en juego «la vida humana», mucho más relevante que el patrimonio, un asunto, por otra parte, que también estuvo presente en su exposición. La CEE presentaba un documento sobre la crisis que sostiene que «las políticas antinatalistas tendrán efectos económicos perjudiciales para las generaciones futuras». El portavoz de los obispos concluyó: «Quitarles la vida tiene gravísimas consecuencias sociales y económicas».