Los manifestantes ingresaron a la sede del legislativo con pancartas de rechazo al aborto y acusando a la diputada Graciela Treviño Garza, de estar a favor el asesinato de seres inocentes, por impulsar la iniciativa legal.
La legisladora quiere modificar la Ley de Salud del Estado y cambiar las sanciones para los abortos después de la semana dice de embarazo a penas de dos a seis meses de prisión conmutables por trabajos a favor de la comunidad.
El presidente de la Gran Comisión, Arturo de la Rosa Escalante, declaró al diario El Californiano que el tema es muy controversial porque enfrenta opiniones a favor y en contra, pero de momento "las comisiones serán las encargadas de emitir los dictámenes correspondientes".
"El Congreso está atendiendo asuntos de gran importancia que se traducen en un arduo trabajo y sin restarle relevancia a este tema, todavía no hay un dictamen al respecto, por lo que tendremos que esperar a que esto pase para poder analizar la viabilidad de alguna de las dos opciones" concluyó.

Ayer el tema pudo tratarse en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con presencia de decenas de gays y lesbianas y sólo cuatro cristianos, que debieron soportar burlas y agravios durante la discusión. Tras el debate, las diputadas Vilma Ibarra (Encuentro Social y Popular) y Silvia Augsburger (Partido Socialista) alentaron a sus pares a participar de la audiencia del jueves próximo, cuando se intentará sacar el dictamen que habilite su tratamiento en el recinto. Frente a este panorama, organizaciones cristianas advierten: "Argentina legaliza el matrimonio gay", eso es lo que estamos dejando que suceda. La inacción ciudadana y el desinterés por los derechos de los niños a tener un padre y una madre son desprotegidos por nuestra pasividad colectiva. La estructura natural de la familia se quebrará y nuestra sociedad junto a ella, pues la segunda depende de la estabilidad de la primera. Si quieren cambiar el rumbo de la situación hay que movilizarse”. En este sentido convocan a concurrir el jueves próximo, a las 10.30, a la sala uno del 2° piso del anexo de la Cámara de Diputados. La entrada es libre y sólo debe llevarse DNI. En el mismo lugar pueden inscribirse para exponer en la audiencia. La Democracia Cristiana se opone. También los evangélicos El presidente del Partido Demócrata Cristiano, doctor Carlos Traboulsi, manifestó su absoluto rechazo a la posible sanción del proyecto de ley que regula el mal llamado “matrimonio homosexual”, igualándolo, en sus derechos y obligaciones, con la unión civil de parejas compuestas por un hombre y una mujer, y advirtió que estas propuestas “abren la puerta, lamentablemente en un futuro próximo, a la adopción de niños y niñas por parte de parejas gays, con el grave daño psicológico que esa medida puede provocar en dichos niños”. En tanto, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), insistió en subrayar que “el matrimonio es esencialmente heterosexual” y en advertir que por esto “equiparar la unión homosexual al matrimonio sería desvirtuar y desconocer el real significado que la misma palabra encierra”. Tras considerar que “se vulnera tal institución sometiéndola a una injusta discriminación, dado que se está otorgando igual tratamiento a lo que es esencial y naturalmente distinto”, solicitó a las autoridades que “no modifiquen el Código Civil”. Asimismo, reclamó a la Presidenta que cumplan sus intenciones, en cuanto a “la no modificación del Código Civil, ni dar lugar a ‘nuevos tipos de familia’” y a que “se multipliquen los esfuerzos dirigidos a la familia original y naturalmente constituida y a los hijos que en ella se forman”.+

Según la prensa, en el año 2007, de 400 casos de muerte asistida, 132 procedían de Alemania o Reino Unido.
Las iniciativas exigen nuevos requisitos antes de aplicar la eutanasia, como que se presenten dos confirmaciones médicas independientes que afirmen que la persona puede decidir por sí misma y que padece de una enfermedad terminal de corta duración. Es decir que los enfermos crónicos y mentales quedarían descartados.
La ministra de justicia, Eveline Widmer-Schlumpf, también pidió que quienes asisten a una persona que quiere terminar con su vida, debatan y examinen alternativas al suicidio. Estas personas “no deben perseguir fines comerciales. No pueden aceptar ningún pago por sus servicios que exceda el coste del suicidio”, señaló.
Un comunicado del ministerio de justicia informó que “el Consejo Federal también ha presentado una prohibición total sobre el suicidio asistido organizado que se debatirá en el Parlamento”.
El texto explicó que “esta opción se apoya en la creencia de que las personas que trabajan en las organizaciones de suicidios asistidos nunca están motivadas por razones puramente altruistas”.

ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) A pesar de sus reticencias a reconocerlo, los socialistas son conscientes de que la polémica reforma de la Ley del Aborto no encuentra el apoyo entre sus votantes y simpatizantes sino todo lo contrario: puede provocar una fisura entre el partido y su electorado. Los datos de la última encuesta de Religiosidad del CIS así lo demuestran: más de 1,6 millones (un 15,1 por ciento) de votantes del PSOE se declaran completamente contrarios al aborto y otros cuatro millones (el 37,4 por ciento) de las personas que depositan su papeleta en la urna, sólo están de acuerdo a que se practique en determinados casos.

Así, se encuentran con que un 42,5 por ciento de los que les apoyan son más que reticentes a la aprobación de esta ley. Sólo cuentan con el respaldo incondicional de un 28,9 por ciento de su electorado. Es más, la encuesta del CIS revela que casi un 20 por ciento de sus votantes está a favor de la postura de la Iglesia católica en este asunto. El PSOE sabe que está jugando con fuego con esta reforma de la Ley del Aborto por cuanto le puede restar en las próximas elecciones un significativo número de votos que pudieran ser esenciales para seguir en el poder. Con gran astucia ocultaron información a su electorado en 2008 al no incluir esta reforma en su programa electoral. Eso indica que ya sabían que podría incomodar a buena parte de sus partidarios, al atentar contra sus convicciones éticas y morales, lo que podrían hacerlos desistir de confiar en ellos para las labores de gobierno. Ha sido especialmente hiriente que se hayan arrogado la potestad de erigirse en «protectores» del derecho a abortar de las menores sin consentimiento paterno, cuando, según una encuesta que se publicó ayer, un 73 por ciento lo consultaría a sus padres si tuviesen que abortar. Entre los dirigentes del PSOE se han empezado a oír tímidamente voces discrepantes. En las últimas semanas los «socialistas cristianos» han mostrado su desacuerdo con la reforma de la ley. No han dudado en subrayar que hay que garantizar una «real» protección social de la maternidad y recordaron que la cifra de abortos en 2007 «es un elocuente signo de fracaso colectivo». También recordaron algo esencial: hay un estatuto ético del feto que exige una protección por parte del Estado. Sus palabras no han encontrado respuesta por parte del Ejecutivo, como tampoco las opiniones sobre algunos aspectos de la ley expresadas tibiamente por significativas personalidades del partido. Lo cierto es que en el Gobierno debería imponerse la reflexión y no enrocarse en un discurso difícil de sostener. Como se ha dicho repetidas veces, esta ley no está amparada por una demanda de la sociedad, sino que la han azuzado minorías radicalizadas. Tampoco puede defender que a esta ley sólo se oponen la Iglesia Católica y los partidos de derecha. No es cierto: hay numerosos individuos y colectivos no confesionales y de izquierdas que también la rechazan por considerar que atenta contra el ser humano en su proceso de formación. Otra cosa no, pero a Zapatero se le reconocía olfato político y ahora parece que lo perdería legislando contra una parte de sus votantes. La realidad así lo indica: el Gobierno se ha blindado frente a la opinión de los ciudadanos en un asunto tan sensible. Sin embargo, se debería imponer la sensatez y el interés general, porque la realidad es que, en el tema del aborto, quieren legislar de espaldas a la sociedad. Es responsabilidad del presidente no minimizar que también cuenta con la oposición de muchos de sus simpatizantes que puede que no estén dispuestos a acompañarles en esta deriva.

El Instituto ratificó que el matrimonio “se funda en el vínculo, libre, permanente y exclusivo entre un varón y una mujer” y que “el derecho humano a casarse se reconoce a todas las personas, pero sólo respecto del matrimonio contraído entre varón y mujer, como surge explícitamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Tras señalar que el matrimonio entendido entre un hombre y una mujer “conforma un auténtico bien para la sociedad”, el Instituto aclaró que “circunscribir el matrimonio a la unión entre varón y mujer, no es una discriminación injusta”.
“Discriminar es distinguir. Es injusto cuando se trata de realidades iguales. Por el contrario, es justo hacerlo, cuando se trata de realidades que son distintas. El matrimonio y las uniones entre personas del mismo sexo son realidades diferentes”, indicó.
El Instituto advirtió que en esta coyuntura “incluso se incorpora la posibilidad de adoptar niños. Esto supone anteponer el interés de los adultos al interés superior de los niños. En este sentido, los estudios científicos demuestran la importancia de la presencia del padre y de la madre en la educación”.
“El gran desafío frente a estas propuestas es ser conscientes de la necesidad de una reflexión auténticamente profunda y serena sobre el amor humano (sin apuros coyunturales ni sectoriales). Es deseable evitar las ideologías y proponer una cultura respetuosa de la memoria y valores del pueblo argentino”, concluyó.

Nicholas Muraguri, director del Programa para la Prevención del Sida en Kenia, Nascop, dijo a la BBC que es clave que el gobierno se acerque a la comunidad gay.
Según Muraguri, muchos homosexuales carecen de información adecuada acerca de la enfermedad.
Pero varios analistas señalan que es probable que la gente se niegue a identificarse como homosexual en un país donde la homosexualidad puede conducir a penas de cárcel.
El propio Muraguri admite que es posible que el censo no sea muy preciso, pero señaló a la BBC que tener una idea más cercana a las cifras reales sería de gran ayuda a la hora de implementar algunas campañas, por ejemplo repartir condones.
Según Muraguri, el censo implicará que los hombres homosexuales se identifiquen unos a otros, y que los funcionarios les realicen pruebas de VIH y les brinden información sobre prácticas sexuales seguras.
"Los keniatas no pueden darse el lujo de decir que la comunidad gay está aislada en un rincón, son parte de nuestras vidas", dijo.
"Este grupo debe ser abordado con información y servicios, y así saber cómo protegerse de las infecciones", agregó.
Sin identificación
De acuerdo a los analistas, en Kenia se han registrado progresos en la lucha contra el VIH/Sida. A finales de los '90, una de cada 10 personas había contraído el virus, pero ahora el guarismo se acerca más al 6%.
La corresponsal de la BBC en Nairobi Gladys Njoroge dice que el censo, que comenzaría a implementarse a partir de junio del año próximo, será el primero de este tipo en África.
Pero los keniatas están divididos acerca del impacto que tendrá. Algunos residentes de Nairobi dudan que ayude a controlar la epidemia de VIH.
Varios keniatas homosexuales dijeron a la BBC que están dispuestos a que se los cuente, pero sólo si se protege su identidad.
Las prácticas homosexuales pueden conllevar hasta 14 años de cárcel en Kenia.

ARGENTINA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) El comienzo del debate parlamentario sobre el matrimonio homosexual "pone de manifiesto una demanda que tiene un alto consenso en muchos legisladores", dijo la diputada Vilma Ibarra y agregó que "la Iglesia puede venir también a dar el debate". "De acuerdo a diversas sondeos efectuados en los medios y por la organizaciones que agrupan a personas homosexuales, habría un alto grado de consenso para lograr el jueves próximo un dictamen y habilitar el debate en el recinto", agregó.

La legisladora destacó que "la mayoría de las opiniones que escuchamos hoy fueron favorables a la modificación del artículo 172 del Código Civil, el jueves próximo seguramente escucharemos voces discordantes", dijo la legisladora. Los proyectos de matrimonio para parejas del mismo sexo fueron tratados hoy por primera vez en un plenario de ambas comisiones, tras dos períodos legislativos en que caducaron sin ser tratados. Los proyectos de Ibarra y de la diputada Silvia Augsburger coinciden en modificar el Código Civil y quitar la palabra "hombre y mujer" por la palabra "contrayentes", cuando habla del consentimiento que hay que dar para que se consagre el matrimonio. Las iglesias católicas y la evangélica manifestaron su enérgico rechazo a ambos proyectos, con el argumento de que "subvierte el orden natural" y que "no se los discrimina porque se trata de dos realidades diferentes, la del hombre y la de la mujer". Para Ibarra "el orden natural es lo que somos las personas y las personas tenemos realidades distintas y muy diversas y cada una hace su plan y su proyecto de vida". "Lo que hacemos los legisladores es anticiparnos a una resolución de la Corte Suprema donde ya está planteada una demanda por inconstitucionalidad", añadió. Además indicó que el matrimonio "es una institución laica y una institución civil y fue cambiando a lo largo del tiempo, así como en su momento también se modificó el régimen de patria potestad, que ahora es compartida y se instituyó el divorcio". Ibarra manifestó que "los legisladores somos representantes del pueblo, no de la Iglesia, y vivimos en un Estado que respeta todas las religiones y no dictamos leyes sólo para los católicos" y expuso que "la Iglesia también puede venir a dar el debate en el Congreso". "Aquí se trata de igualar, de que el Estado no profundice la estigmatización que ya tienen los homosexuales y reconozca iguales derechos, sin discriminar por su orientación sexual", aseguró Ibarra. En el debate de hoy se habló de las pensiones, la obra social, la herencia y lo relacionado con los mecanismos de adopción en los matrimonios entre parejas del mismo sexo. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, instaló en la puerta del Congreso una mesa pararecolectar firmas a favor de la ley.

El sacerdote había comenzado su sermón diciendo que se sentía muy desilusionado ante la noticia de que Daniel Chege Gichia y Charles Ngengi, ambos kenianos, se habían unido civilmente en Londres el pasado 17 de octubre, una consideración que no pareció contrariar a la congregación.El descontento empezó cuando el sacerdote católico ‘acusó’ a las mujeres de ser las responsables de que algunos hombres estén prefiriendo emparejarse con otros hombres, al haberse vuelto ‘demasiado complicadas y poco atractivas‘ y al no proporcionar ‘lo que Dios quiere que [la mujer] aporte al matrimonio’, lo que habría frustrado a los hombres, ‘llevándoles a probar entre ellos para ver si así obtienen el gozo que viene con el matrimonio‘.Algunas mujeres le respondieron que ‘el problema no estaba en ellas, sino en los hombres’. El sacerdote, lejos de amilanarse, respondió que tenían que ser ‘más devotas y femeninas’. ‘Los hombres ya nos os ven como algo útil -continuó el religioso-. Habéis renunciado a la tarea que Dios os encomendó’.A continuación prosiguió su homilía con un llamamiento a la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos ‘en lo que está bien’, ya que ‘la mayoría de los pecados que se manifiestan en un adulto comienzan durante la infancia y los padres contribuyen a ellos inmensamente’.

“Llama poderosamente la atención que diversos periodistas en simultáneo acojan la misma critica al TC de que su sentencia es discriminatoria contra las mujeres pobres. Más aún cuando es el mismo argumento, palabra por palabra, que se usó en otros países como Ecuador y Chile recientemente”, sostiene Polo.
El experto pidió a los periodistas cuestionar “¿quién gana con su venta o se perjudica si esta es considerada ilegal?” pues encontrarán simplemente una respuesta.
Para Polo, el gran perdedor con la distribución de la píldora y la eventual prohibición de su venta es “principalmente un solo laboratorio: el dueño de la marca Postinor”. Recordó que “en muchos otros países la marca Postinor pertenece a Schering, líder mundial en venta de anticonceptivos hormonales (píldoras e inyectables) y no hace mucho Schering se fusionó con Bayer”.
“Lo digo así porque extrañamente en el Perú esa marca la comercializa un laboratorio muy pequeño, Farmage, que se creó exclusivamente para el lanzamiento de Postinor en el Perú”, indicó.
“Farmage fue constituido para distribuir Postinor y por mucho tiempo fue su única marca. Ahora tiene una segunda marca para Levonorgestrel 0.75 mg y otras marcas de píldoras combinadas. Fuera de Postinor, la venta de las otras marcas de Farmage es insignificante”, sostuvo Polo.
“Postinor es la marca más vendida de píldoras del día siguiente en el Perú con más de 3.5 millones de soles en los últimos 12 meses”, denunció Polo.
Solo en el Perú, “Bayer Schering con diferentes marcas bajo su propio nombre más las de Farmage, vende más de 16 millones de soles al año en píldoras e inyectables anticonceptivos. Si le sumamos las ventas de Postinor, alcanza casi los 20 millones de soles al año. Eso constituye más del 50 por ciento del mercado de los anticonceptivos”. Según el experto, de esto se desprende que el eventual retiro de la píldora perjudicaría a una sola empresa cuyos intereses están siendo defendidos “indirectamente” por ministros y funcionarios públicos.

Los proyectos, que serán debatidos en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara Baja argentina, buscan la modificación del artículo 172 del Código Civil para sustituir los términos “hombre y mujer” por “contrayentes”, sin hacer referencia al sexo de las personas que se unen en matrimonio.
De prosperar el cambio, el número artículo dirá: “es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por los contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
Ibarra anticipó a la prensa que se promoverá un debate “respetuoso de un tema jamás abordado en este ámbito parlamentario”.
La ya aprobada Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2002, estableció el primer antecedente en el país y el primer reconocimiento de las parejas homosexuales en Latinoamérica.
Pero de todas maneras, la comunidad gay argentina no está satisfecha con esta medida, ya que en su opinión la unión civil es una figura jurídica no equiparable al matrimonio.
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales lleva ya tiempo en campaña para cambiar una ley que califica de “discriminatoria” y conseguir lo que dicta su consigna: “Los mismos derechos con los mismos nombres”.
Pero lógicamente, y más en una sociedad como la argentina, la iniciativa causa revuelo en los sectores más conservadores y preocupa a la Iglesia.
Desde la Universidad Católica Argentina (UCA), opinaron que “el matrimonio se funda en el vínculo, libre, permanente y exclusivo entre un varón y una mujer, en orden a la ayuda mutua y la procreación y educación de los hijos”
“Circunscribir el matrimonio a la unión entre varón y mujer, no es una discriminación injusta. Discriminar es distinguir. Es injusto cuando se trata de realidades iguales. Por el contrario, es justo hacerlo, cuando se trata de realidades que son distintas. El matrimonio y las uniones entre personas del mismo sexo son realidades diferentes”
En cuanto a la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten hijos, la UCA sostuvo que “los estudios científicos demuestran la importancia de la presencia del padre y de la madre en la educación”.
En este contexto se esperan arduas horas de discusión, por estos sectores que pondrán objeciones a las iniciativas en cuestión.
Según una encuesta, más del 70% de los argentinos está de acuerdo con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Consejo de Estado, tribunal administrativo que tiene la potestad de anular los dictámenes del Gobierno, anunció el pasado 22 de octubre la suspensión provisional del Decreto 444 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, que reglamenta las condiciones excepcionales para la práctica de abortos.
Dicho decreto, emitido tras una sentencia de la Corte Constitucional, reglamenta, además, que las clínicas y hospitales realicen los procedimientos médicos necesarios para interrumpir el embarazo, siempre que se trate de un caso de violación, malformación del feto, o cuando la vida de la madre esté en peligro.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión de este decreto al considerar que no es el Gobierno, sino el Congreso, el que debe aclarar conceptos y ordenar cómo deben responder los hospitales y empresas de prestación de salud ante la solicitud de una mujer que quiera interrumpir su embarazo voluntariamente.
"Con decreto o sin decreto yo decido sobre mi cuerpo", corearon mujeres de todas las edades y algunos hombres también en la concentración de hoy en Bogotá.
Los asistentes a la concentración también se manifestaron contra el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien solicitó la nulidad de una reciente sentencia de la Corte Constitucional que ordena que se empiece a impartir en los colegios una cátedra de educación sexual y que se promueva una concienciación sobre los derechos de las mujeres.
Ordóñez hizo esa solicitud alegando que tenía dudas jurídicas sobre el contenido y sobre la competencia del Constitucional para emitir ese fallo.
Consignas como "Procurador, la Inquisición ya se acabó" y "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", también se escucharon entre las peticiones de los manifestantes.
Más de treinta asociaciones entre las que predominaron los grupos feministas y homosexuales, bajo el epígrafe "Personas libres, Estados laicos, ni de la Iglesia, ni del Estado, mi cuerpo es mío y yo decido", firmaron un documento en el que fijan su postura.
El enfrentamiento entre los dos altos tribunales ha originado una aguda polémica en Colombia.

Este señalamiento provocó un gesto de desconcierto e incomodidad de Calderón, aunque en su alocución posterior no hizo referencia al asunto e incluso agradeció las “amables palabras” de su anfitrión, quien lo recibió en el salón Miguel Ángel Asturias en el edificio de la municipalidad de Guatemala.
En un intento por enmendar la plana a Arzú, un funcionario de la coordinación de comunicación de la Presidencia señaló después a la prensa que esos comentarios fueron hechos a título personal y que los temas mencionados no están en la agenda de Calderón ni se abordaron en la conversación privada que ambos sostuvieron.
Arzú, quien fue presidente de 1996 a 2000 con una línea conservadora, también había elogiado a Calderón porque, afirmó, no sólo es reconocido por su arrojo y valentía en la lucha contra el narcotráfico, sino también por su línea clara en favor de la vida, en la que ha sido consistente desde sus inicios en la política de México.

Los científicos hallaron que los diagnósticos de la enfermedad treparon un 71 por ciento entre 1989 y el 2008, sobre todo por un fuerte incremento en la cantidad de mujeres que demoran la maternidad.
No obstante, el número de bebés nacidos con síndrome de Down disminuyó un 1 por ciento debido a que más mujeres son controladas y optan por interrumpir la gestación al conocer el diagnóstico de sus bebés, según el estudio publicado en British Medical Journal.
El riesgo de tener un bebé con síndrome de Down -que se produce cuando un niño tiene tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos- aumenta drásticamente a medida que la mujer crece. El peligro de una madre de 40 años es 16 veces mayor que el de una de 25.
Los investigadores del hospital Barts y de la Escuela de Medicina de Londres señalaron que sin los controles prenatales y los consecuentes abortos, los nacimientos de chicos con síndrome de Down habrían aumentado un 48 por ciento entre 1989 y el 2008, ya que cada vez más padres inician sus familias tarde.
Las personas con esta condición suelen tener ciertas características físicas específicas, como ojos en forma de almendra y extremidades más cortas, además de mayor riesgo de padecer defectos cardíacos congénitos y enfermedades respiratorias.
El síndrome suele detectarse por exámenes que se realizan alrededor de la semana 11 de embarazo mediante pruebas de ultrasonido para medir lo que se denomina la "translucencia nucal" y la extracción de muestras sanguíneas maternas para evaluar la presencia de proteína, que sugiere anormalidades.
El estudio británico demostró que alrededor de nueve de cada 10 mujeres (el 92 por ciento) que reciben un diagnóstico prenatal de síndrome de Down decide terminar con el embarazo, una estadística que se ha mantenido constante pese a más del 70 por ciento de incremento en los diagnósticos.
Los expertos también demostraron que si bien ha habido un fuerte aumento en la proporción de mujeres menores de 37 años que optan por el control del síndrome de Down (del 3 al 43 por ciento), la cantidad de madres mayores que se realizan el test se ha mantenido estable cerca del 70 por ciento.

María teresa Ochoa, de Convergencia, denunció que más de un millar de mujeres, entre 20 y 35 años de edad, están en la cárcel acusadas por el ministerio público del delito de "homicidio en grado de parentesco", lo cual consideró como una persecución injusta, que castiga a los más pobres del país.
PRD, PT y Convergencia expusieron su rechazo al avance del endurecimiento de las penas en casos de aborto que han decretado 16 congresos locales en la Constitución de sus estados.
El tema de la despenalización del aborto, que demandan grupos sociales y la izquierda parlamentaria, había quedado en los temas pendientes de la agenda política, y fue propuesto por Convergencia, con motivo del Día Interamericano del Derecho a Decidir, del 28 de septiembre.
Ayer, diputadas de PT, PRD y Convergencia fijaron sus posiciones a favor de que el problema del aborto sea visto como un asunto de salud pública, que debe ser atendido con políticas gubernamentales, y que se debata sin criterios religiosos o morales.
La bancada del PAN, por conducto de María de la Paz Quiñones Cornejo, estableció que su partido está a favor del derecho a la vida, que beneficia a todos, como ciudadanos, como sociedad, y en ese sentido "tenemos que encontrar las razones por las cuales las mujeres están abortando para no permitir que esas condiciones sigan ocurriendo".
"En Acción Nacional estamos proponiendo iniciativas de ley o leyes ya existentes como son: La Ley de la Adopción, la Ley de la Maternidad, la Ley de la Paternidad, las ayudas a las familias que en un momento dado tienen hijos y que desean continuar sus estudios y poderse realizar verdaderamente como seres humanos", dijo la legisladora Quiñones.
"En Acción Nacional volvemos a reiterar que el derecho a la vida, es un derecho de todas y todos los mexicanas", agregó.
Esta posición recibió una ofensiva en la tribuna, a la cual subieron Porfirio Muñoz Ledo (PT), Teresa Incháustegui (PRD), Laura Itzel Castillo (PT), Gerardo Fernández Noroña (PT), María Teresa Ochoa (Convergencia), Víctor Castro (PRD) y Jaime Cárdenas (PT), con señalamiento de condena de que el aborto se castigue con cárcel, cuando se trata de un problema de salud pública.

Según un estudio realizado aquí, el 67 por ciento de los encuestados se manifestó abiertamente contra la interrupción del embarazo, al tiempo que el 15 por ciento lo apoyó.Entre las 535 personas pesquisadas, con edades comprendidas entre 18 y 65 años, el 18 por ciento ofreció respuestas ambivalentes sobre el tema, ampliamente discutido en los meses recientes en este país anglófono.La investigación se realizó para conocer el estado de opinión popular, previo a un debate sobre ese particular, pendiente en el Parlamento.El proyecto de legalizar el aborto surgió en 2005 como una recomendación del ministerio de Salud, para reducir el índice de mortalidad materna.La idea incluía también darle posibilidad de elección a mujeres y jóvenes violadas o embarazadas como consecuencia de incesto.Pero a juicio de muchos jamaicanos, esa práctica se opone a las ordenanzas de Dios, por lo cual la consideran moral y legalmente incorrecta.

“La época de crisis no da para tener una Asamblea Legislativa que no mire a los problemas sociales reales y se concentre en banalidades políticas”, expresó el abogado.
Martínez recordó que el DF ya tiene una “Ley de Sociedad de Convivencia, con derechos equiparados al matrimonio” a la que se pueden acoger las uniones del mismo sexo. Sin embargo, indicó, “ni siquiera se ha acogido el millar de personas, en una Ciudad con más de 20 millones de habitantes”.
El presidente de los abogados católicos pidió a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, que no utilice la mayoría del PRD para impulsar esta iniciativa que solo generará más polarización entre los mexicanos.
“Le hacemos un llamado a Alejandra Barrales a que conduzca una nueva etapa de la Asamblea que permita la participación ciudadana, haya foros y se discuta y se demuestre mediante políticas públicas la pertinencia de tal iniciativa”, expresó

Como respuesta a la invitación, la titular de Igualdad recalcó que los criterios religiosos «no deben condicionar en ningún caso las decisiones del Gobierno».
«Se legisla desde el Parlamento, no desde los púlpitos», sentenció Aído después de dejar claro que la norma, que está pendiente de su aprobación en la cámara, es una medida de prevención para reducir el número de embarazos no deseados.
Pero los ataques no sólo llegan desde el flanco eclesiástico. El PP ha anunciado su intención de presentar una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley, una cuestión que dijo no sorprenderle ya que «también acordaron llevar la norma ante el Tribunal Constitucional». A este respecto, reprochó que durante los ocho años del Gobierno de Aznar no se hiciera nada mientras el número de embarazos no deseado aumentaba.
A modo de conclusión, la ministra dejó claro que su departamento ha preparado «una ley a la europea que da mayores garantías jurídicas a las mujeres y a los profesionales». No así, dijo que el Ejecutivo «está abierto a la negociación para conseguir el mayor consenso posible».

En conferencia de prensa, el magistrado reiteró que la decisión del TC responde a que el efecto potencialmente abortivo del fármaco no ha sido descartado y la Constitución Política del Perú protege al concebido.
Vergara recordó que el Ministerio de Salud puede emitir una resolución ministerial que prohíba la venta en las farmacias de la píldora del día siguiente y lamentó que el Ministro Ugarte use un argumento “propio del laboratorio que elabora la píldora (del día siguiente)” para defender el reparto del fármaco.
El presidente del TC reiteró que su apoyo a la prohibición a este método por considerar que “usar la pastilla es promover la muerte” y manifestó que no se puede pedir al Ministro Ugarte que entienda los fallos del TC porque no es abogado.
Mientras tanto, el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, declaró que el Gobierno acatará la decisión del TC y sugirió a las organizaciones que no están de acuerdo con el fallo acudir a instancias internacionales.
Sin embargo, el jurista Javier Alva Orlandini explicó que el TC falló a favor del demandante, la ONG Sin Componenda, y las instancias internacionales intervendrían si es que el demandante perdía el caso.

El grupo parlamentario vasco, formado por seis diputados, registrará una decena de enmiendas parciales para que, entre otros asuntos, los padres sean informados cuando sus hijas aborten o los profesionales sanitarios puedan acogerse al derecho a la objeción de conciencia. Curiosamente cuestiones menores de la ley que son las mismas que los socialistas ya han anunciado que están dispuestos a negociar. Por contra el PSOE ha declarado innegociables el reconocimiento del derecho de la mujer al aborto, situándolo por encima del derecho a la vida del no nacido, o la implantación del aborto libre hasta la semana 14.

Siendo una prioridad del fallecido senador demócrata Edward M. Kennedy que ha estado en la agenda del Congreso durante una década, la medida amplía la ley actual para incluir crímenes con base en sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. La medida lleva el nombre de Matthew Shepard, un estudiante universitario homosexual de la Estatal Western campus Wyoming, quien fue asesinado hace 11 años.
Para asegurar su aprobación después de años de esfuerzos frustrados, los demócratas que la apoyan adjuntaron la medida a una iniciativa de ley sobre política de defensa por 680.000 millones de dólares que el Senado aprobó con votación de 68-29. La cámara baja ya había aprobado la ley de defensa este mes.
Muchos republicanos, normalmente apoyadores incondicionales de las leyes de defensa, votaron contra el proyecto de ley debido a la cláusula sobre delitos por intolerancia.
"La inclusión de la redacción controversial de la legislación de crímenes por intolerancia, la cual no esta relacionada con nuestra defensa nacional, es profundamente preocupante", dijo el senador republicano Jeff Sessions.
La ley de delitos por intolerancia, promulgada después del asesinato en 1968 del icono de la defensa de los derechos civiles Martin Luther King Jr., se centró en crímenes con base en raza, color de piel, religión u origen nacional.
Grupos defensores de los derechos civiles y de los derechos de los homosexuales buscaban la ampliación desde hace mucho tiempo. Los conservadores se han opuesto a ella, argumentando que crea una clase especial de víctimas, y también les preocupa que ésta pueda silenciar a pro-vida, Pastores y clérigos, y otros que se oponen a la homosexualidad por razones religiosas.

Aproximadamente 45 estados tienen estatutos sobre crímenes por intolerancia, y la ley no cambiaría las prácticas actuales donde los delitos por intolerancia suelen ser investigados y procesados por agentes estatales y locales

“No podemos ir contra la vida, la Iglesia defiende que no se debe facilitar el aborto y menos engañar diciendo para los ricos sí y para los pobres no”, señaló el prelado, en alusión a la polémica sobre el fallo que ordena suspender el reparto gratuito de la píldora del día siguiente.
El Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que ordena al Ministerio de Salud (Minsa) abstenerse de distribuir de forma gratuita dicha pastilla, ya que no se ha demostrado que no sea abortiva. Dicho fallo generó opiniones encontradas entre diversas autoridades del país.
“Mentira, no se debe matar ni a ricos, ni a pobres; y menos a los pobres que son humildes (…) La Iglesia defiende a la gente que sabe menos y a los que los engañan dándoles gratis una pastilla para que muera ese comienzo de la vida”, dijo.
El religioso comentó que “da mucha pena que estén jugando diciendo que hay una discriminación” en dicha sentencia.
El Pastor de Lima agregó que la realidad nos dice que dicha pastilla representa un riesgo y ese riesgo no se puede vender. “Si tu tuvieras una pastilla que te dice que a veces mata, pues que no se venda a nadie, pero no vamos a jugar a la ruleta a ver si tengo suerte y a mi no me mata”, expresó.
“No es un planteamiento político, es el no matar llevado a una situación concreta”, aseveró el Cardenal Cipriani.
Expresó que los medios de comunicación deben saber exponer el servicio de la vida. “Cuando uno tiene inteligencia, no basta las estadísticas, porque ninguna de éstas puede decirnos que es bueno eliminar la vida”. La celebración Eucarística contó con la participación de numerosos fieles de las parroquias de la Vicaría Episcopal IX, que comprende los distritos de Pachacamac (Manchay), Cieneguilla y La Molina, quienes llegaron en peregrinación a la Iglesia Primada para ganar la Indulgencia Plenaria con ocasión del Año Sacerdotal.
Concelebraron con el Cardenal Juan Luis Cipriani; el Párroco José Chuquillanqui y el Vicario Parroquial Padre Manuel Zegarra de la Parroquia “Espíritu Santo” de Manchay.

``En el gobierno y en el partido estamos preocupados por esta sentencia porque genera un problema en políticas de salud'', dijo el congresista y secretario general del oficialista partido Aprista, Mauricio Mulder.
Mulder sugirió que el gobierno debería continuar distribuyendo gratis en los hospitales públicos la píldora, que es el método de anticoncepción oral de emergencia que el Estado aplica desde el 2006 como política de salud para frenar la alta tasa de abortos de Perú.
El primer ministro, Javier Velásquez, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, y la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, coincidieron y calificaron de ``absurdo y discriminatorio'' el polémico fallo.
``El gobierno no retrocederá ante el fallo del Tribunal Constitucional en su política de planificación familiar'', dijo la ministra Nidia Vílchez.
En la otra orilla, el ministro de Defensa, Rafael Rey, aplaudió el fallo y exigió una prohibición total, posición compartida este sábado por el cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, figura del Opus Dei en América Latina.
Cipriani pidió a las autoridades acatar la decisión y dar ejemplo de tolerancia democrática, desde su programa radial en la famosa emisora RPP.
``He escuchado algunas reacciones del gobierno en palabras que no son un ejemplo de institucionalidad. La decisión del Tribunal Constitucional es honesta, no es retrógrada ni fundamentalista'', afirmó el arzobispo.
El presidente peruano, Alan García, mantiene silencio sobre el tema. En días pasados el ministro de Defensa había dicho que renunciaría si el gobierno legalizara el aborto en casos especiales.

Esa ley fue adoptada en 1993. Desde entonces, más de 13.000 soldados fueron dados de baja porque se habían referido a su homosexualidad o habían sido denunciados.

PERU-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) La ministra de la Mujer, Nidia Vílchez afirmó que nunca estuvo a favor de la despenalización de aborto, pese a que apoyó con su firma un proyecto de ley presentado por la bancada de su partido, el Apra, para legalizarlo.

Vílchez había condenado en los últimos días la aplicación del aborto en medio del debate generado en el Congreso sobre su posible despenalización.
En diálogo con elcomercio.pe, Vílchez aseveró que cuando era congresista solamente acompañó la iniciativa de su colega del Apra, Edgar Nuñez, debido a un procedimiento parlamentario, pero que después retiró su firma.
“Nunca estuve a favor de la despenalización del aborto. Lo que hice fue acompañar la iniciativa de un colega para que tenga la oportunidad que se discuta su planteamiento. En todo caso, después retiré mi firma de ese proyecto”, declaró Vílchez.

REGLAMENTO EN CURSO

Según el diario Perú.21, en noviembre del 2008 la bancada oficialista presentó una iniciativa legal que apoyaba el aborto en caso de violación, inseminación no consentida o deformación absoluta, contando con el respaldo de Vílchez, quien ese momento se desempeñaba como legisladora.
Según el artículo 74 del reglamento del Congreso, un proyecto de ley presentado por un congresista deberá contar con el respaldo de no menos de seis colegas de bancada, teniendo que estar “certificado” por el vocero del grupo.

La legisladora negó, en ese sentido, que hubiera un doble discurso en el seno de la agrupación, al defender la actuación que cumplió actual ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien también avaló la propuesta de Nuñez.
En sus últimas declaraciones públicas, Pastor, al igual que Vílchez, dijo rechazar la despenalización del aborto, en caso de violación sexual o defomarción congénita del feto, como lo planteó la Comisión Revisora del Código Penal en el Parlamento.
“En su calidad de presidente de la Célula Parlamentaria del Apra en aquel entonces, Pastor tenía la obligación de apoyar las propuestas de los parlamentarios para que al menos tengan la oportunidad de debatirse. No necesariamente tenía que estar de acuerdo con ellas”, destacó.

Entre tanto, las cifras oficiales sobre abortos legales entregas por las EPS, reportan que en los tres años que lleva vigente la despenalización del aborto se han practicado 326 interrupciones de embarazo en forma legal, una cifra mínima y que pone en evidencia la falta de pedagogía sobre la práctica legal del aborto en el país.El Viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuervo, reconoció que hace falta información y señaló que el fallo de la Corte Constitucional que ordena una campaña masiva de enseñanza sobre este tema ayudara a fortalecer los derechos de la mujer frente a la interrupción voluntaria del embarazo."Indudablemente se necesitan más recursos, yo preferiría que fuera una serie de acciones sostenidas con indicadores que pudieran estar midiendo permanentemente que grado de información tienen nuestras mujeres y la población colombiana al respecto para dar una información de primera mano", señaló Cuervo.En Colombia el aborto legal solo se puede practicar en tres circunstancias: en caso de violación, cuando hay malformación del feto, o cuando la vida de la madre esta en riesgo.El Ministerio de Protección Social recordó que pese a la suspensión del decreto reglamentario sobre la despenalización parcial del aborto, los centros médicos deben continuar practicando el procedimiento de suspensión voluntaria del embarazo.

Luego de reunirse con el Presidente de la República, Alan García Pérez, junto a la comisión política del partido oficialista, señaló que los congresistas serán libres de votar sobre este tema cuando se cristalice en un proyecto de ley.
“En este tema (la despenalización del aborto eugenésico), el APRA tiene un criterio abierto, de conciencia, no es un tema de directiva precisa.”
En tal sentido, aseveró que si hay congresistas apristas que están a favor de este asunto podrán pronunciarse con total libertad.
Mulder también dijo que durante la reunión con el Jefe del Estado se comentó la última sentencia del Tribunal Constitucional, que prohíbe la distribución del anticonceptivo oral de emergencia (conocida como la "píldora del día siguiente").
Al respecto, dijo a título personal que dicho fallo puede generar una sensación de discriminación, porque en el ámbito público no va a haber un acceso a este método anticonceptivo y en el ámbito privado sí.
“(…) pero será el Tribunal Constitucional el que tenga que dar las explicaciones precisas sobre este tema”, agregó.
Mulder expresó, por ello, su desacuerdo personal con la sentencia del TC por ser discriminatoria y por atentar contra el derecho de las mujeres a elegir el médito anticonceptivo de su preferencia.
Reformas constitucionalesDe otro lado, en compañía de los legisladores Mercedes Cabanillas y José Vargas, el secretario general del Apra reafirmó la posición del partido de gobierno a favor del voto voluntario y de la renovación por mitades del Parlamento.
“Creemos que este tema debe debatirse lo más rápido posible, haremos votos para que pueda hacerse a nivel de comisión esta semana y que se vea en el Pleno la próxima y, de acuerdo a los resultados, adoptemos cualquiera de las estrategias que la ley establece”, afirmó.
Dijo que si ambas medidas son aprobadas en el Congreso, “habremos obtenido un importante avance en cuanto a la restructuración del Estado y de la estructura política del país”.
De lo contrario, adelantó, existen otras posibilidades como el referéndum, a fin de que sea el pueblo el que se pronuncie sobre estos temas.
“El Apra está absolutamente convencido que necesitamos ir hacia un proceso de renovación del Parlamento y a la no obligatoriedad del voto. Es una posición institucional del Apra que es respaldada por el presidente de la República”, precisó.
De otro lado, el presidente de la Célula Parlamentaria Aprista, José Vargas, restó importancia a una posible demanda por difamación que interpondría en su contra la legisladora nacionalista, Nancy Obregón, a quien denunció constitucionalmente por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. A su juicio, la referida congresista actúa de manera incorrecta, ya que debe estar preocupada en aclarar su situación y demostrar que no tiene nada que ocultar. En la cita con el presidente de la República también participó el legislador Luis Gonzales Posada.

ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Marginada de la negociación presupuestaria y, con ello, de la gestión de la crisis económica, la izquierda parlamentaria ha optado por subir la factura de la cada día más contestada reforma de la ley del aborto. Joan Tardà y Gaspar Llamazares, diputados de ERC e IU, anunciaron ayer que sus enmiendas parciales a la ley de Interrupción Libre del Embarazo incluirán el aborto libre hasta la semana 22 y que no se toque la libertad de elección de las menores de 18 años sin obligación de ninguna clase de informar a sus padres.

Además exigirán la gratuidad de todos los métodos anticonceptivos, lo que supondría un aumento del gasto farmacéutico de 100 millones de euros.
Siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos, el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso establece la libre interrupción hasta la semana 14; dejando el plazo de la semana 22 para los supuestos de peligro para la vida de la madre o graves anomalías del feto. Después de ese momento sólo está autorizado el aborto cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Los votos de los cinco diputados del grupo parlamentario ERC-ICV-IU, que aglutina a buena parte de la izquierda, son la base sobre la que el Ejecutivo decidió llevar adelante la reforma. El apoyo a los 169 diputados socialistas lo completan los dos votos del BNG y el de NaBai –la ley al ser orgánica necesita 176–. La advertencia de los parlamentarios de izquierdas llega en el momento en que la reforma del aborto, próxima al trámite de enmiendas a la totalidad, sufre una mayor contestación social y se reavivan las tensiones dentro del grupo socialista con los sectores más próximos a la Iglesia. En esta complicada coyuntura, el PNV, principal aliado del Ejecutivo en los presupuestos, ha decidido por primera vez en su historia que sus parlamentarios no disfrutarán de libertad de conciencia en las votaciones vinculadas a esta reforma. Según informaron a La Vanguardia fuentes del PNV, una comisión del partido está estudiando estos días cuál será la postura unitaria del grupo vasco. Cuando la decisión haya sido tomada, previsiblemente la semana que viene, el partido la hará pública, vinculando así el voto de sus diputados. Los parlamentarios vascos no se han pronunciado hasta ahora sobre ninguno de los aspectos de la ley. Ni tan siquiera sobre el que ha suscitado mayor controversia: la libertad para abortar de las mujeres mayores de 16 años sin consentimiento ni información a sus padres. Es este uno de los aspectos que ha despertado una mayor contestación dentro del PSOE. Han sido muchos los miembros del partido y colectivos afines que han mostrado su disconformidad con que menores de edad puedan tomar una decisión de esta trascendencia a espaldas de sus padres. Tardà y Llamazares se mostraron ayer inflexibles en este sentido, radicalmente opuestos a cambiar lo que ya figura en el proyecto de ley. El texto legal no menciona de forma concreta a las mayores de 16 años, sino que se limita a equiparar la aplicabilidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con las que refleja la vigente ley de Autonomía del Paciente. Pero los diputados de la izquierda van aún más lejos y rechazan también el requisito de que exista un periodo de reflexión de tres días entre la decisión de la mujer y la práctica de la interrupción.

ALEMANIA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) El Estado alemán deberá pagar una pensión de viudedad a la pareja de un funcionario homosexual de Hamburgo, por tratarse de una unión de hecho gay. Así lo dictaminó ayer el Tribunal Constitucional (TC), que invalida de este modo una sentencia del Supremo.

"De la especial protección del matrimonio no se puede deducir una discriminación de otras formas de vida en pareja y reconocer a estas menos derechos", señala el fallo.
Alemania aprobó en 2001 una ley que concedía a los homosexuales casi los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Las diferencias aún radican, sobre todo, en materia fiscal, ya que las parejas gays no pueden hacer, por ejemplo, la declaración de la renta conjunta. El político verde Volker Beck, principal impulsor de la ley de 2001, interpretó el dictamen del TC como "una derrota para los ideólogos conservadores", porque este fallo elimina una de las últimas diferencias que aún persistían con las uniones heterosexuales.
La homosexualidad estuvo penada en Alemania en virtud de un artículo del Código Penal creado en 1892, y que los nazis reforzaron en los años treinta. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ese artículo siguió vigente en Alemania occidental hasta 1994. En la RDA, la homosexualidad también se castigaba hasta 1988.
Por otra parte, una transexual ganó esta semana un proceso contra su seguro médico, que no quería pagarle una operación de pecho. Sarah Jane Smith, de 51 años, es de origen británico y vive en Hannover. Cuando era hombre, sirvió con las tropas británicas en Irlanda del Norte. Según el semanario Der Spiegel, Smith siempre se sintió mujer. Tras casarse con una alemana, empezó a vestirse con las ropas de ella. La pareja se divorció en 2001 y Smith empezó a operarse hace tres años.

Bodas en la Iglesia de Suecia
Las parejas del mismo sexo podrán casarse por la Iglesia en Suecia a partir del 1 de noviembre, con una liturgia especial. Así lo decidió ayer el sínodo de la Iglesia Evangélica, que aprobó con una mayoría del 70% una iniciativa parlamentaria aprobada el pasado abril. Dos tercios de la población sueca pertenecen a esta Iglesia.

El titular del grupo especial para revisar el Código Penal informó que en diciembre presentarán un informe preliminar de todo lo avanzado hasta el momento ante la Presidencia del Congreso, para el inicio de su discusión a nivel de las comisiones ordinarias, en este caso, la Comisión de Justicia del Congreso u otras.Torres Caro dijo que también en diciembre solicitarán una ampliación del plazo por un año para terminar de revisar más de 400 artículos pendientes del Código Penal.
“Lo más probable es que el debate sobre la despenalización del aborto eugenésico y el mal llamado sentimental empiece en la próxima legislatura, porque lo ideal es no apurar las cosas y que el Congreso avance y apruebe por partes nuestro trabajo”, manifestó.Refirió también que existe la posibilidad de que la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces posterguen el debate por un año, hasta que la comisión revisora concluya su trabajo, ante el pedido de ampliar sus labores. Señaló que su grupo de trabajo especial realizará próximamente una audiencia pública para discutir ampliamente el tema con todos los sectores involucrados en este tema, tanto religiosos y como de la sociedad civil.
Informó que han avanzado el trabajo en un 50 por ciento, “pero necesitamos más tiempo para realizar una labor de difusión, con audiencias públicas sobre otros temas delicados como la eutanasia, como por ejemplo.”
Torres Caro dijo que es potestad de la Mesa Directiva y del Consejo Directivo decidir si eventualmente se exonera del trámite de comisión lo aprobado por el grupo revisor, para que pase directamente el Pleno del Congreso.
No descartó la posibilidad de proponer que se opte por el primer camino, ya que promoverán una discusión amplia a través de audiencias públicas.
Esta semana, la Comisión Revisora del Código Penal rechazó la reconsideración planteada por el Ministerio de Justicia contra la propuesta de despenalización del aborto eugenésico y por violación sexual.
De esta manera, se mantuvo la modificación de los artículos 114 y 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido al tanto al aborto eugenésico- llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas comprobadas por un médico especialista.
Ambos casos son castigados con tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.

Durante una visita de 48 horas a la isla realizada a principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores español Miguel Angel Moratinos anunció que España aprovechará su próxima presidencia de la Unión Europea durante el primer semestre del año próximo para tratar de cambiar la ``posición común'' de la EU respecto de Cuba. Según esta política, establecida en 1996, los miembros de la Unión Europea condicionan el aumento de su cooperación con el gobierno cubano a que existan señales de una apertura política en la isla.
Moratinos, que se negó a reunirse con miembros de la oposición pacífica durante su estadía en Cuba, también dijo que España intentará lograr que la Unión Europea renueve su cooperación económica con Cuba, o al menos que se incluya a la isla en los programas de ayuda al Caribe.
La ``posición común'' de la Unión Europea incluye también medidas como pedir que los miembros de la UE inviten a disidentes a las celebraciones de fiestas patrias en sus embajadas de La Habana. Eso es un anatema para el régimen militar cubano, que se niega a asistir a reuniones con disidentes y describe a todos los opositores como ``mercenarios del imperio'' estadounidense.
Durante una vista a España esta semana, me sorprendió escuchar, tanto de los partidarios como de los críticos del gobierno socialista español, que es muy posible que España logre --aunque sea parcialmente-- suavizar la ``postura común'' de la UE respecto del gobierno cubano.
Gustavo de Aristegui, el líder del opositor Partido Popular, de centro-derecha, en la comisión de relaciones exteriores del Congreso español, me dijo que es probable que el gobierno logre lo que se propone, porque otros países de Europa occidental posiblemente dejarán en sus manos las relaciones de la UE con Latinoamérica, teniendo en cuenta los vínculos históricos de España con esa región.
``España es el referente de la Unión Europea sobre América Latina, y varios países de europa occidental van a hacer lo que España diga'', me dijo de Aristegui.
Asimismo, varios países miembros del ex bloque soviético en Europea Central y Europa del Este que en los últimos años habían liderado las presiones europeas para lograr una apertura política en la isla se encuentran ahora debilitados políticamente, por sus problemas económicos y conflictos diplomáticos.
La República Checa, uno de los principales defensores de los derechos humanos y la democracia en Cuba en años recientes, ha perdido su credibilidad en Europa en los últimos meses debido a las posturas del presidente checo Vaclav Klaus de poner trabas al tratado de Lisboa, destinado a fortalecer la integración política europea, agregó.
Otros políticos y diplomáticos españoles me dijeron que Suecia, Alemania e Inglaterra pueden resistirse a cambiar la ``posición común'' de la UE respecto de Cuba, pero que probablemente hagan algunas concesiones a España. Podría ser que la UE retire su ``posición común'' de apoyo a los disidentes cubanos, pero sin renovar la cooperación económica para la isla, dijeron algunos.
¿Por qué España respalda a una dictadura? En una entrevista hace dos años, Moratinos me dijo que España estaba ``abriendo un nuevo camino, un nuevo mecanismo de diálogo que está dando resultados''.
Esta semana, Moratinos citó el mismo argumento cuando Cuba liberó a uno de los más de 200 prisioneros políticos que hay en la isla, y a un empresario español que había sido arrestado hace un mes acusado de cohecho. Casi todos los analistas españoles coinciden en que el gobierno de España probablemente se esté acercando al régimen cubano por razones políticas domésticas, como conservar el respaldo de la vieja guardia de la izquierda española.

Mi opinión:

La política española de darle la espalda a la oposición pacífica cubana es un retroceso, no sólo con respecto al anterior gobierno conservador español, sino también con respecto a los tiempos del ex presidente socialista Felipe González, quien --quizás por haber sido él mismo un activista contra una dictadura-- respaldó muchas veces a los disidentes cubanos cuando estuvo en el poder, entre 1982 y 1996.
¿Qué mensaje está enviando España a los presidentes narcisista-leninistas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países cuyos gobernantes están suprimiendo libertades básicas y hostigando a quienes piensan diferente? El mensaje parece ser: ``sigan adelante, que sus actos no tendrán ninguna consecuencia a nivel internacional''.
Es un mensaje que envalentonará a los autócratas, y que erosionará el rol de España como modelo político y económico para Latinoamérica, y un puente entre latinoamericanos enfrentados por conflictos políticos en sus propios países.

PERU-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Silverio Nieto es especialista en derecho religioso y hace unos días fue invitado al Congreso peruano para exponer sobre dicho tema, a propósito de la discusión que se da en el Parlamento en torno a un proyecto de ley sobre libertad e igualdad religiosa.

El Comercio entrevistó al sacerdote español sobre este y otros temas, como el aborto eugenésico.
¿Cuáles son los criterios que definen el concepto de libertad religiosa?La libertad religiosa es la primera libertad, es un derecho fundamental que está reconocido por los tratados internacionales ratificados por el Perú, y que están recogidos por la Constitución. Libertad religiosa no es solamente libertad de culto. Es la posibilidad que tiene uno para optar por la religión que estime más adecuada y de abandonarla libremente. La libertad religiosa también contempla la posibilidad de la objeción de conciencia.
El Congreso peruano está discutiendo un proyecto de ley sobre libertad e igualdad religiosa. ¿Cuál es su opinión?Soy español y respeto lo que decida el Poder Legislativo y el Gobierno peruanos. Pero llama la atención el nombre del proyecto: libertad e igualdad. No hace falta aludir a la igualdad, porque esta ya está en la Constitución. Sería también una especie de anomalía en el derecho comparado mundial, donde no existe la palabra libertad unida a igualdad en una ley. Sería suficiente con llamarla ley de libertad religiosa. En cuanto al contenido, muchos de esos aspectos no parecen responder a parámetros constitucionales del Perú. Es un proyecto de ley que adolece de vicios esenciales.
¿Pero las minorías religiosas tienen derecho a reclamarle al Estado un trato igualitario con respecto a la Iglesia Católica?Todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que considere oportuno. Otro tema es si realmente tienen derecho a ese tema que se reclama. La Constitución del Perú es en muchos aspectos modélica, recoge una serie de derechos fundamentales como el de igualdad, el de libertad religiosa, el de no discriminación por razones religiosas, el de objeción de conciencia, y otros muchos derechos. No es necesaria ninguna ley de libertad religiosa. El hecho que haya una relación especial con la Iglesia Católica no significa que exista discriminación con las otras confesiones.
¿Cómo debería ser una relación ideal entre Iglesia y Estado?Los sistemas de relaciones Iglesia-Estado son diversos. Hay sistemas confesionales como en el caso de muchos países europeos, donde hay la unión de una confesión con el Estado y hay plena libertad religiosa. Hay sistemas donde el Estado y las confesiones religiosas no cooperan, hay sistemas donde sí cooperan, y hay sistemas incluso laicistas, aunque avanzando cada día más a un sistema laico, como en el caso de Francia. El sistema ideal es el que mejor le vaya a la realidad religiosa y política de cada país.
¿Un funcionario público creyente está obligado a cumplir con una ley que contradiga su fe? Por ejemplo, en el caso de alguien que tiene que casar a una pareja homosexual.Donde existan leyes que autoricen la unión homosexual, habrá que plantear la objeción de conciencia. La primera cuestión que habría que decir es si en realidad se trata de un matrimonio…
¿Y si un médico creyente tiene que hacer una ligadura de trompas?Ese es un tema relacionado con el aborto. La Iglesia es la primera y la gran defensora de la vida, como de la libertad, sin menospreciar a los demás. Nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. Afortunadamente para este país, tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional han resuelto con toda nitidez el derecho que tiene toda persona a la objeción de conciencia.
¿Pero qué hacer cuando se dan casos extremos, como el de padres de ciertas confesiones que han impedido que a sus hijos enfermos se les haga transfusiones de sangre por cuestiones religiosas?Ese tema está resuelto en parte por la doctrina de Estados Unidos. Los Testigos de Jehová consideran que ellos no pueden recibir transfusiones de sangre, porque hacen una interpretación literal de la Sagrada Escritura. Lo que ha decidido la jurisprudencia es que en el caso de los menores, la falta de autorización de los padres la suple el juez. Y en el caso de los mayores de edad, la jurisprudencia de la mayoría de países occidentales ha optado por permitir, en el uso de su libertad, que si no quieren tener transfusión, que no la tengan.
Una comisión del Congreso aprobó un proyecto de ley que despenaliza el aborto eugenésico, ¿cuál es su opinión?La Iglesia defiende la vida . Algún día el mundo reconocerá el papel fundamental y esencial que la Iglesia está representando en este momento en defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta el ocaso de la persona de forma natural. El aborto nunca puede legitimarse. Habrá que estudiar el caso con mucho cuidado.
¿Pero parece que es una tendencia mundial la legalización del aborto?En muchos sitios se está dando marcha atrás porque se están dando cuenta de que no es el camino. Lo que tienen que hacer los gobiernos es crear instituciones, sitios de acogida para los niños de las madres que tengan problemas.

Nombre: Silverio Nieto.Nacionalidad: Española.Edad: 61 años.Trayectoria: Actualmente es director del Servicio Jurídico de la Conferencia Episcopal Española, catedrático de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y de la facultad de Teología del Redemptoris Mater del Callao. Además, es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y oficial de la marina mercante.

Este borrador -que pide eximir de penas a esta práctica en caso de malformaciones genéticas, incesto o violación- ya había sido presentado al parlamento la semana pasada, pero debió ser discutido nuevamente este martes por la comisión redactora a pedido del ministro de Defensa, Rafael Rey.
El funcionario amenaza con renunciar si se aprueba el proyecto, en lo que es un botón de muestra más del encendido debate que provoca el aborto en este país, mayoritariamente católico, donde sólo está despenalizado el aborto cuando la madre corre peligro de muerte.
Los apasionados argumentos a favor y en contra de una ampliación de esta norma se pudieron escuchar de parte de los dos grupos de manifestantes -fundamentalmente mujeres- que acompañaron la decisión de la comisión frente a la sede del congreso. Unas portaban pancartas que rezaban "voto a favor, aborto legal para no morir", y otras, rosarios e imágenes de fetos abortados mediante distintos procedimientos.
Mientras a un lado de la calle unas reclamaban a gritos el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, desde la acera de enfrente clamaban "no al aborto, sí a la vida", y entonaban plegarias. La policía separó con gas pimienta a las más enardecidas.

Hacerse oír
Más de la mitad de los peruanos se oponen al aborto, que denuncian como "asesinato de inocentes".
Tras breves cavilaciones, la comisión parlamentaria que elaboró el proyecto de ley resolvió presentarlo sin más al presidente del congreso, a quien toca decidir si se someterá directamente a votación de la asamblea, o si primero se estudiará en la Comisión de Justicia.
En declaraciones a la prensa, Carlos Torres Caro, quien supervisó la redacción del documento, dijo que el pueblo "debe hacerse oír" en este debate "tan cargado desde el punto de vista emocional".
El proyecto busca que el Código Penal exima de penas a la mujer y los profesionales que aborten en caso que el embarazo sea fruto de violación o incesto, corra riesgo la salud de la madre o el feto sufra una malformación genética.
Supone una ampliación de la ley vigente, que data de 1924 y despenaliza solamente el aborto terapéutico. Hoy por hoy el aborto eugenésico se castiga con tres meses de cárcel.

Quienes piden la despenalización reclaman que la mujer tenga "derecho sobre su propio cuerpo".
El cardenal peruano Juan Luis Cipriani ha calificado el proyecto como propuesta de legalizar la "pena de muerte de los inocentes". Respaldado por el ministro de Defensa y el de Justicia, el prelado y otros obispos han afirmado que el aborto no debería validarse en ningún caso.
De acuerdo a una encuesta de Ipsos Apoyo publicada el domingo, más de la mitad de los 29 millones de peruanos estarían de acuerdo con esta postura.
Desde el otro bando, los grupos de defensa de los derechos de las mujeres sostienen que cada año se practican unos 370.000 abortos clandestinos en el país, lo que pone en riesgo la salud de las madres.
Según el corresponsal de la BBC en Lima, Dan Collyns, Cipriani ha puesto estas cifras en duda.
Lo que no se discute es que un eventual debate en el parlamento ya está provocando fuertes controversias.