Por esta razón, la Conep sustentó que la Constitución Política del Estado consagra que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; por consiguiente, nada ni nadie y bajo ninguna circunstancia, puede decidir el término de la vida humana.
Lamentó que en el país se produzcan alrededor de cuatrocientos mil abortos y otros miles de niños mueran anualmente por la desatención del Estado. Esta cruda realidad requiere urgente atención a través de programas de educación para el ejercicio de una sexualidad responsable y una política poblacional de parte del Estado, así como interpela a la práctica pastoral de las iglesias.
De otro lado, demandó que los responsables de formular, aprobar y promulgar las leyes, tengan presente que el bien común y las políticas de salud pública no se construyen imponiendo criterios religiosos, culturales o ideológicos de una mayoría o de una minoría, sino valorando, respetando y defendiendo la vida y la dignidad humana, tanto del concebido como de la mujer en riesgo físico y emocional.