El Consejo de Estado, tribunal administrativo que tiene la potestad de anular los dictámenes del Gobierno, anunció el pasado 22 de octubre la suspensión provisional del Decreto 444 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, que reglamenta las condiciones excepcionales para la práctica de abortos.
Dicho decreto, emitido tras una sentencia de la Corte Constitucional, reglamenta, además, que las clínicas y hospitales realicen los procedimientos médicos necesarios para interrumpir el embarazo, siempre que se trate de un caso de violación, malformación del feto, o cuando la vida de la madre esté en peligro.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión de este decreto al considerar que no es el Gobierno, sino el Congreso, el que debe aclarar conceptos y ordenar cómo deben responder los hospitales y empresas de prestación de salud ante la solicitud de una mujer que quiera interrumpir su embarazo voluntariamente.
"Con decreto o sin decreto yo decido sobre mi cuerpo", corearon mujeres de todas las edades y algunos hombres también en la concentración de hoy en Bogotá.
Los asistentes a la concentración también se manifestaron contra el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien solicitó la nulidad de una reciente sentencia de la Corte Constitucional que ordena que se empiece a impartir en los colegios una cátedra de educación sexual y que se promueva una concienciación sobre los derechos de las mujeres.
Ordóñez hizo esa solicitud alegando que tenía dudas jurídicas sobre el contenido y sobre la competencia del Constitucional para emitir ese fallo.
Consignas como "Procurador, la Inquisición ya se acabó" y "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", también se escucharon entre las peticiones de los manifestantes.
Más de treinta asociaciones entre las que predominaron los grupos feministas y homosexuales, bajo el epígrafe "Personas libres, Estados laicos, ni de la Iglesia, ni del Estado, mi cuerpo es mío y yo decido", firmaron un documento en el que fijan su postura.
El enfrentamiento entre los dos altos tribunales ha originado una aguda polémica en Colombia.