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El PSOE seguirá adelante con la ley del aborto a pesar de la creciente presión social en contra

martes, 20 de octubre de 2009 , Posted by Agencia la Voz at 0:17


ESPAÑA.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) El PSOE «seguirá adelante con esta ley del aborto». Como un diapasón, Leire Pajín, secretaria de Organización, dio ayer la pauta de afinación del partido ante el futuro debate parlamentario de un proyecto que es «el que comparte y apoya en todos sus elementos el PSOE».

La número tres de los socialistas dejaba así claro que ni la presión social de determinados sectores, avivada por el éxito de la manifestación antiabortista del sábado, ni las críticas aisladas en las propias filas harán descarrilar la propuesta en la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha quemado tantas energías desde hace un año.
Entre los socialistas hay algunas voces discordantes, pero sólo protestan en voz alta por el punto más polémico de la ley, la mayoría de edad para abortar a los 16 años. Sólo la negociación con otros grupos parlamentarios para sumar votos la que decidirá si la norma sale como está o sufre modificaciones antes de su aprobación allá por febrero o marzo, pero ni el Gobierno ni el grupo parlamentario esperan 'fuego amigo' que ponga en peligro su aprobación final allá por febrero o marzo. Decir, como la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáez de Santamaría, que la ley «ni siquiera tiene el consenso de los propios socialistas» es confundir deseos con la realidad.
Después de muchos años de titubeos y marcha atrás en un asunto siempre incómodo, nadie con un mínimo peso entre los socialistas cuestiona la oportunidad de poner al día la legislación de 1985, obsoleta e insegura. Pese a que la nueva ley del Aborto no figuraba en el último programa electoral del PSOE, tanto los partidarios como los menos entusiastas dentro del partido convienen en que «hace falta actualizarla» y desterrar la posibilidad, aún real, de que una mujer vaya a la cárcel por abortar.

Consenso relativo
El único punto donde los reproches internos resuenan más alto es en la posibilidad de que la chicas de 16 y 17 años aborten sin permiso paterno. Católicos declarados como José Bono, presidente del Congreso, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y su sucesor, Guillermo Fernández Vara, entre otros, sí critican este extremo, sabedores, no obstante, de que el asunto no está cerrado.
El texto que tramita ya el Congreso no prevé ningún mecanismo de información a los padres y deja en manos de las jóvenes la decisión final sobre su embarazo. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó ayer que así sucede en otros países europeos, y que los 16 años constituyen la mayoría de edad para la mayoría de las intervenciones sanitarias en España. Sólo las técnicas de reproducción asistida, los ensayos clínicos y el aborto escapan a esa regla. De prosperar la ley en su actual redacción, el aborto se incluiría en el régimen sanitario general. Caamaño recalcó además que la confianza entre padres e hijos es deseable pero «no la pueden regular las normas». Hacerlo -añadió- podría conducir a muchas chicas con malas relaciones familiares a recurrir a «centros abortistas ilegales».

El PP recurrirá al TC
La autonomía de las adolescentes tiene la 'bendición' expresa de Zapatero y Fernández de la Vega, ideóloga del proyecto de ley, aunque cabría añadir algún mecanismo de información -no de autorización- a los padres en la tramitación parlamentaria si eso facilitara algunos votos más de cara al debate y aprobación final.
El PSOE cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de IU-ICV y de casi todo el Grupo Mixto, partidarios de mantener a los padres al margen de la decisión final de las chicas, aunque no parece probable que retiraran su respaldo si se incorporara alguna fórmula informativa para sumar a algunos diputados del PNV o de CiU. Ambas formaciones suelen dejar libertad de voto a sus parlamentarios en cuestiones de conciencia.
El PP presentará una enmienda de totalidad al proyecto, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional si se aprueba y, finalmente, «la modificará» cuando llegue al Gobierno, según dijo ayer su portavoz parlamentaria, Soraya Sáez.

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