ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) A pesar de sus reticencias a reconocerlo, los socialistas son conscientes de que la polémica reforma de la Ley del Aborto no encuentra el apoyo entre sus votantes y simpatizantes sino todo lo contrario: puede provocar una fisura entre el partido y su electorado. Los datos de la última encuesta de Religiosidad del CIS así lo demuestran: más de 1,6 millones (un 15,1 por ciento) de votantes del PSOE se declaran completamente contrarios al aborto y otros cuatro millones (el 37,4 por ciento) de las personas que depositan su papeleta en la urna, sólo están de acuerdo a que se practique en determinados casos.

Así, se encuentran con que un 42,5 por ciento de los que les apoyan son más que reticentes a la aprobación de esta ley. Sólo cuentan con el respaldo incondicional de un 28,9 por ciento de su electorado. Es más, la encuesta del CIS revela que casi un 20 por ciento de sus votantes está a favor de la postura de la Iglesia católica en este asunto. El PSOE sabe que está jugando con fuego con esta reforma de la Ley del Aborto por cuanto le puede restar en las próximas elecciones un significativo número de votos que pudieran ser esenciales para seguir en el poder. Con gran astucia ocultaron información a su electorado en 2008 al no incluir esta reforma en su programa electoral. Eso indica que ya sabían que podría incomodar a buena parte de sus partidarios, al atentar contra sus convicciones éticas y morales, lo que podrían hacerlos desistir de confiar en ellos para las labores de gobierno. Ha sido especialmente hiriente que se hayan arrogado la potestad de erigirse en «protectores» del derecho a abortar de las menores sin consentimiento paterno, cuando, según una encuesta que se publicó ayer, un 73 por ciento lo consultaría a sus padres si tuviesen que abortar. Entre los dirigentes del PSOE se han empezado a oír tímidamente voces discrepantes. En las últimas semanas los «socialistas cristianos» han mostrado su desacuerdo con la reforma de la ley. No han dudado en subrayar que hay que garantizar una «real» protección social de la maternidad y recordaron que la cifra de abortos en 2007 «es un elocuente signo de fracaso colectivo». También recordaron algo esencial: hay un estatuto ético del feto que exige una protección por parte del Estado. Sus palabras no han encontrado respuesta por parte del Ejecutivo, como tampoco las opiniones sobre algunos aspectos de la ley expresadas tibiamente por significativas personalidades del partido. Lo cierto es que en el Gobierno debería imponerse la reflexión y no enrocarse en un discurso difícil de sostener. Como se ha dicho repetidas veces, esta ley no está amparada por una demanda de la sociedad, sino que la han azuzado minorías radicalizadas. Tampoco puede defender que a esta ley sólo se oponen la Iglesia Católica y los partidos de derecha. No es cierto: hay numerosos individuos y colectivos no confesionales y de izquierdas que también la rechazan por considerar que atenta contra el ser humano en su proceso de formación. Otra cosa no, pero a Zapatero se le reconocía olfato político y ahora parece que lo perdería legislando contra una parte de sus votantes. La realidad así lo indica: el Gobierno se ha blindado frente a la opinión de los ciudadanos en un asunto tan sensible. Sin embargo, se debería imponer la sensatez y el interés general, porque la realidad es que, en el tema del aborto, quieren legislar de espaldas a la sociedad. Es responsabilidad del presidente no minimizar que también cuenta con la oposición de muchos de sus simpatizantes que puede que no estén dispuestos a acompañarles en esta deriva.