El viceministro de Educación, Gabriel Burgos, dijo que su cartera y la de Protección Social cuentan con tres meses de plazo para ejecutar una campaña de información en las instituciones educativas públicas y privadas del país.
"Es un tema del orden personal, de la cultura y de las creencias religiosas en que tenemos que buscar compaginar la sentencia de la corte y esas creencias", afirmó el funcionario.
La Corte Constitucional tomó la decisión después de que un médico invocó la objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto a una mujer cuyo feto presentaba malformaciones genéticas.
"El ejercicio de la objeción de conciencia puede desencadenar y de hecho desata consecuencias frente a terceras personas. Por eso, resulta imposible catalogar la objeción de conciencia como un acto que permanece ubicado dentro del fuero interno de quien la ejerce", declaró el tribunal frente al caso.
Burgos respaldó la orden de la corte pero al tiempo abogó por que en los colegios católicos y en general los que se opongan al aborto por convicciones religiosas, se lleve a cabo un plan especial teniendo en cuenta también el derecho a la religión.
Después de una lucha de mujeres y sectores interesados en reducir las muertes de mujeres por la interrupción riesgosa de embarazos no deseados, el legislativo aprobó el aborto en tres casos específicos.
La ley autoriza el aborto si el feto presenta malformaciones, si está en riesgo la vida de la madre o el hijo, y si el embarazo es producto de una violación. La corte pidió que la campaña de promoción e información use términos "sencillos, claros e ilustrativos", y recordó que los padres no pueden impedir que las menores de 14 años exterioricen su deseo de interrumpir o no un estado de gravidez.
Las entidades de salud no deberán exigir a las pacientes autorización judicial previa para que puedan optar por interrumpir el embarazo, sentenció la Corte Constitucional.