María teresa Ochoa, de Convergencia, denunció que más de un millar de mujeres, entre 20 y 35 años de edad, están en la cárcel acusadas por el ministerio público del delito de "homicidio en grado de parentesco", lo cual consideró como una persecución injusta, que castiga a los más pobres del país.
PRD, PT y Convergencia expusieron su rechazo al avance del endurecimiento de las penas en casos de aborto que han decretado 16 congresos locales en la Constitución de sus estados.
El tema de la despenalización del aborto, que demandan grupos sociales y la izquierda parlamentaria, había quedado en los temas pendientes de la agenda política, y fue propuesto por Convergencia, con motivo del Día Interamericano del Derecho a Decidir, del 28 de septiembre.
Ayer, diputadas de PT, PRD y Convergencia fijaron sus posiciones a favor de que el problema del aborto sea visto como un asunto de salud pública, que debe ser atendido con políticas gubernamentales, y que se debata sin criterios religiosos o morales.
La bancada del PAN, por conducto de María de la Paz Quiñones Cornejo, estableció que su partido está a favor del derecho a la vida, que beneficia a todos, como ciudadanos, como sociedad, y en ese sentido "tenemos que encontrar las razones por las cuales las mujeres están abortando para no permitir que esas condiciones sigan ocurriendo".
"En Acción Nacional estamos proponiendo iniciativas de ley o leyes ya existentes como son: La Ley de la Adopción, la Ley de la Maternidad, la Ley de la Paternidad, las ayudas a las familias que en un momento dado tienen hijos y que desean continuar sus estudios y poderse realizar verdaderamente como seres humanos", dijo la legisladora Quiñones.
"En Acción Nacional volvemos a reiterar que el derecho a la vida, es un derecho de todas y todos los mexicanas", agregó.
Esta posición recibió una ofensiva en la tribuna, a la cual subieron Porfirio Muñoz Ledo (PT), Teresa Incháustegui (PRD), Laura Itzel Castillo (PT), Gerardo Fernández Noroña (PT), María Teresa Ochoa (Convergencia), Víctor Castro (PRD) y Jaime Cárdenas (PT), con señalamiento de condena de que el aborto se castigue con cárcel, cuando se trata de un problema de salud pública.