"Esto pone de manifiesto que estamos ante un tema de gran dificultad", añadió De la Vega en declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press.
Asimismo, en relación con la manifestación que tendrá lugar el día 17 de octubre en contra de la ampliación de la ley del aborto, la vicepresidenta entiende que "la interrupción voluntaria del embarazo es una situación que comporta posiciones de todo tipo que hay que respetar". En este sentido, aseguró que el Gobierno adopta una postura de "lealtad a la discrepancia" y respeta actitudes como la de la Iglesia Católica, que "ha tenido siempre la misma posición, ha sido coherente".
Sin embargo, De la Vega se mostró convencida con los cambios que recoge la reforma, que definió como "un proyecto de ley que ha sido declarado oportuno por unanimidad en el Consejo de Estado". "Creemos que se ajusta más a la realidad para resolver un problema siempre muy difícil", agregó. Y al tiempo subrayó que se trata de "una ley más garantista y protectora".
Además, aseguró que "la obligación del Estado es gobernar y legislar para todos, respetando las posiciones de cada uno y establecer garantías de derechos para situaciones de dificultad y necesidad que no deben añadir a ese dolor que supone un embarazo no deseado una pena de cárcel".
En cualquier caso negó que el Gobierno socialista haya creado una "fractura social" al promover, desde 2004, iniciativas como el reconocimiento del matrimonio homosexual, la ley de memoria histórica o la asignatura de Educación para la Ciudadanía y contraargumentó que "la sociedad española es muy madura" y "ha recibido muy bien" esas medidas".
"Hay gente que discrepa (de esas leyes) pero reconocer derechos no puede provocar ninguna fractura porque no va contra nadie", dijo refiriéndose en concreto a la ley del matrimonio homosexual. Así, aseguró no haber percibido "ninguna fractura" sino que, al contrario. "la sociedad española está hoy más cohesionada que hace unos años".