La provincia sumaba 40 casos de aborto entre adolescentes de 15 a 19 años, una tasa de 4,93 por mil mujeres, en el año 1997, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social. Una década más tarde -los últimos datos cerrados oficialmente son del 2007- han sido 137 las jóvenes de dicho tramo de edad que han recurrido a la interrupción de su embarazo, un 16 por cada mil; lo que supone un incremento del 242,5%.
La media española pasa en dicha década de una tasa del 6 por mil al 11,49. Aunque tanto en Castilla y León como en el resto del país, el mayor número de abortos se concentra entre los 20 y los 24 años (que acaparan el 21%) es entre los adolescentes donde las cifras suscitan mayor preocupación.
Castilla y León sumaba ya 3.153 abortos en el 2007. De ellos, 853 son de Valladolid, la provincia, junto a León (696) y Burgos (480) con mayor número de interrupciones legales de la gestación. Los datos de esta década en la región revelan una evolución al alza generalizada pero especialmente alta en Soria y Burgos y sólo claramente descendiente en Salamanca.
Los expertos justifican estas cifras por la inmigración, que tiene un especial peso en la provincia soriana, por haberse adelantado el inicio de las relaciones sexuales, a entre 13 y 15 años según estudios, y por una mayor permisividad social hacia las relaciones entre jóvenes. También apunta el informe de la Consejería de Sanidad que se observa un aumento de las solteras que disponen de ingresos económicos propios y, por lo tanto, mayor independencia en sus decisiones.
Por otro lado, esta misma falta de rigidez provoca una mayor generosidad en la aceptación de madres solteras, la adopción y otros recursos que facilitan la aceptación de un embarazo, como son muchas más ayudas administrativas, que empujarían a favor de evitar recurrir al aborto en los casos de gestación no deseada.
Los registros de la Consejería de Sanidad, que también refleja el Ministerio, indican como diferencias respecto al resto del país unas menores tasas de abortos, dado que la media española se sitúa en el 9,86 por cada mil casos y sólo en el 5,3 la castellano y leonesa y, en el 6,5, la vallisoletana. Además, los datos reflejan que las vallisoletanas que optan por el aborto son más jóvenes, lo deciden o se enteran de su estado antes y recurren a la interrupción a las siete o menos semanas de gestación. Así es el en 51% de los casos, y recurren como motivo de la intervención sobre todo al peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, en el 95% de los casos. El método más utilizado en la intervención es el de la aspiración, en el 84% de los abortos.
Respecto al nivel de instrucción, la mayor parte de las mujeres, el 53,20%, tienen estudios de segundo grado y, en el aspecto laboral, más del 58% de las afectadas trabajan por cuenta ajena y más del 60% tienen ingresos económicos propios.
En cuanto al número de hijos en el momento del embarazo no deseado, más del 60% no tenían ninguno y para más del 80% fue su primer aborto. El porcentaje de mujeres, el 78%, que no han acudido a controles ginecológicos en los dos últimos años es mayoritario. El análisis de los datos relacionados con la intervención indica que la mayoría de las mujeres, el 66%, se informa sobre el tema fuera de los centros sanitarios.

Objeción de conciencia
La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se han realizado en Valladolid, seguida de las clínicas de León y Salamanca. Sólo en estas tres ciudades hay centros sanitarios privados, con los que Sacyl concierta la intervención, dado que en los públicos no se realiza por objeción de conciencia, autorizados por Sanidad.
Aunque no hay un trabajo específico sobre Castilla y León en cuanto al peso de las mujeres extranjeras en el aumento de las interrupciones, estudios de otras comunidades apuntan que suponen entre el 46% y el 50%. Un estudio de la Clínica Dator de Madrid muestra un crecimiento progresivo de la proporción de usuarias no españolas desde el año 1994 al 2005 (del 11% al 45%), que fue del 22% en las menores de 25 años en el año 1999 y del 35% en el 2005.
La legislación aún en vigor señala tres supuestos para acceder a esta intervención médica. Concreta los casos en que sean fruto de una violación, que se presuma que el feto tiene graves taras físicas y psíquicas o que suponga un grave peligro para la vida o la salud de la madre.
La flexibilización de las condiciones legales actuales para poder abortar y, en particular respecto a la edad, prevista en la nueva legislación ya en tramitación en el Parlamento ha suscitado una fuerte polémica al igual que la implantación del acceso a la píldora del día después sin receta.