ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Marginada de la negociación presupuestaria y, con ello, de la gestión de la crisis económica, la izquierda parlamentaria ha optado por subir la factura de la cada día más contestada reforma de la ley del aborto. Joan Tardà y Gaspar Llamazares, diputados de ERC e IU, anunciaron ayer que sus enmiendas parciales a la ley de Interrupción Libre del Embarazo incluirán el aborto libre hasta la semana 22 y que no se toque la libertad de elección de las menores de 18 años sin obligación de ninguna clase de informar a sus padres.

Además exigirán la gratuidad de todos los métodos anticonceptivos, lo que supondría un aumento del gasto farmacéutico de 100 millones de euros.
Siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos, el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso establece la libre interrupción hasta la semana 14; dejando el plazo de la semana 22 para los supuestos de peligro para la vida de la madre o graves anomalías del feto. Después de ese momento sólo está autorizado el aborto cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Los votos de los cinco diputados del grupo parlamentario ERC-ICV-IU, que aglutina a buena parte de la izquierda, son la base sobre la que el Ejecutivo decidió llevar adelante la reforma. El apoyo a los 169 diputados socialistas lo completan los dos votos del BNG y el de NaBai –la ley al ser orgánica necesita 176–. La advertencia de los parlamentarios de izquierdas llega en el momento en que la reforma del aborto, próxima al trámite de enmiendas a la totalidad, sufre una mayor contestación social y se reavivan las tensiones dentro del grupo socialista con los sectores más próximos a la Iglesia. En esta complicada coyuntura, el PNV, principal aliado del Ejecutivo en los presupuestos, ha decidido por primera vez en su historia que sus parlamentarios no disfrutarán de libertad de conciencia en las votaciones vinculadas a esta reforma. Según informaron a La Vanguardia fuentes del PNV, una comisión del partido está estudiando estos días cuál será la postura unitaria del grupo vasco. Cuando la decisión haya sido tomada, previsiblemente la semana que viene, el partido la hará pública, vinculando así el voto de sus diputados. Los parlamentarios vascos no se han pronunciado hasta ahora sobre ninguno de los aspectos de la ley. Ni tan siquiera sobre el que ha suscitado mayor controversia: la libertad para abortar de las mujeres mayores de 16 años sin consentimiento ni información a sus padres. Es este uno de los aspectos que ha despertado una mayor contestación dentro del PSOE. Han sido muchos los miembros del partido y colectivos afines que han mostrado su disconformidad con que menores de edad puedan tomar una decisión de esta trascendencia a espaldas de sus padres. Tardà y Llamazares se mostraron ayer inflexibles en este sentido, radicalmente opuestos a cambiar lo que ya figura en el proyecto de ley. El texto legal no menciona de forma concreta a las mayores de 16 años, sino que se limita a equiparar la aplicabilidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con las que refleja la vigente ley de Autonomía del Paciente. Pero los diputados de la izquierda van aún más lejos y rechazan también el requisito de que exista un periodo de reflexión de tres días entre la decisión de la mujer y la práctica de la interrupción.