Señaló además que la cárcel no es la solución ante este problema social que tiene orígenes multifactoriales y que ha desatado una polémica entre los diversos sectores de la sociedad.
Durante su conferencia "El aborto desde el punto de vista constitucional", en Toluca, aseguró que durante la discusión del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no existía un problema de constitucionalidad, ya que no es una autoridad la que participa en la comisión del delito sino que es un acto de particulares.
Por lo tanto, añadió, se trata de un hecho jurídico ya que el médico, la partera, enfermera o la propia madre, son los que infligen la ley y en consecuencia no se está cometiendo una violación de garantías.
En su conferencia en la Facultad de Derecho de la UAEM añadió que la Constitución protege la vida desde el momento de la concepción y aclaró que la Suprema Corte de Justicia "la SCJN jamás aceptó, aplaudió o avaló el hecho de que el aborto sea correcto; lo que se dijo es que su práctica no era violatoria de la Constitución; nunca se acreditó como deseable, a pesar de cualquier situación social o económica".
Unicamente se determinó que las personas que lo hicieran antes de las 12 semanas de gestación no irían a la cárcel.
Refirió que las estadísticas sobre los abortos que se realizaban, al menos en el Distrito Federal y hasta el momento en que se llevó a cabo la discusión del asunto en la SCJN, revelaban que la gran mayoría eran clandestinos y se trataba de mujeres jóvenes, de escasos recursos y que en muchos casos perdían la vida por las condiciones insalubres en que se practicaban las intervenciones, por personas sin escrúpulos y sin poder culpar a nadie.
Ante ello destacó que la propia clandestinidad de los abortos devenía, para las mujeres que por fortuna no perdían la vida, en una situación psicológica espantosa, que siempre requería de asesoría profesional, sobre todo por la carga moral que a partir de ese momento llevaban a cuestas.
Desde su punto de vista, la práctica del aborto es resultado de los problemas sociales, la pérdida de valores, la situación económica e incluso de la libertad sexual que se ha promovido mediante los medios de comunicación.
La magistrada dijo que al igual que el resto de los miembros de la SCJN, está consciente de la gravedad que significa este problema social para los mexicanos y lamentó la reacción que le generó expresar su voto: "aclaratorio porque estuve en contra de la decisión que estableció originalmente la inconstitucionalidad y violaciones a los artículos 1, 14 y 22".
Admitió que la decisión que tomó le pesó mucho "pero mi análisis tenía que ser meramente político, por lo que me aparté de toda situación social, económica, política, científica e incluso nunca quise entrar a la discusión de cuando empieza la vida, porque preveía que nunca llegaríamos a un acuerdo".