Sierra defendió con uñas y dientes su propuesta y reiteró que su fin no es promover la adicción a las drogas, sino oficializar a través del Minsa los centros de distribución que permitan proporcionar a los adictos empadronados la mínima cantidad legal de estupefacientes para su tratamiento. Aclaró, asimismo, que la distribución no sería en las farmacias sino en los centros de salud con previas campañas de sensibilización y prevención. De esta manera, agregó, su norma complementa la Ley 28002 que, si bien dispone la libre posesión de 8 gramos de marihuana como máximo, no fija el lugar de distribución promoviendo así la microcomercialización.