Esta imagen, que será una realidad si el anteproyecto de ley del aborto se aprueba tal cual por el Parlamento, está atormentando a un buen número de padres y madres españoles, tanto a favor como en contra del derecho al aborto, que creen que el Estado debe garantizarles que puedan tomar parte en una decisión tan trascendente como interrumpir un embarazo. Piden que, al menos, se les informe de lo que va a hacer su hija.
Frente a esta opinión, otro sector sostiene que si la mayoría de edad sanitaria está en los 16 años, si a esa edad los adolescentes pueden consentir cualquier intervención quirúrgica, no debe haber excepciones para el aborto. Será labor de los padres conseguir una relación fluida con sus hijas y que ellas busquen su apoyo. Es lo que defiende el Gobierno. "Evidentemente, lo idóneo es que ante una decisión como ésta, las jóvenes puedan contar con sus seres queridos y con su círculo de confianza, pero esto no se puede imponer por ley", dice la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. "La confianza en el seno de las familias se enmarca en el ámbito de lo privado y al Gobierno lo que le corresponde es establecer seguridad y garantías para que, si una chica decide interrumpir su embarazo y no contarlo por los motivos que sea, la intervención se realice en las condiciones de máxima seguridad, sin que la joven ponga en riesgo su salud. Evitar la clandestinidad y la ilegalidad es también otro de los objetivos de esta ley".
El debate ha calado hondo en la sociedad. El 56% de los votantes del PSOE y el 88% de los del PP no están de acuerdo con el Gobierno, según una encuesta de Metroscopia para este diario. La medida recibe el apoyo sólo del 40% de los electores socialistas y del 8% de los populares.
Dentro del PSOE ya se han alzado voces críticas. Algunos, como el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, están en contra incluso de que las menores puedan decidir por sí mismas. Pero la mayor parte de los discrepantes sólo reclama, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, información para los padres. El presidente Zapatero ha terciado en la polémica defendiendo que se trata de "una decisión íntima de la mujer", que es la que "tiene la responsabilidad de un embarazo para toda la vida".
En la legislación comparada europea hay numerosos casos en los que se permite a las menores decidir por sí mismas y sin ninguna exigencia adicional. Es así en Reino Unido, Grecia, Portugal, Holanda, Noruega, República Checa, Letonia y Lituania. En Alemania, se sigue un sistema basado en la capacidad de juicio, y no en la edad. El consentimiento de las mayores de 16 años se presume válido salvo que se pruebe lo contrario; entre los 14 y 16 se analiza caso por caso; y por debajo de los 14 es necesaria la autorización de los padres a no ser que la menor pruebe ante un juez que tiene capacidad para decidir.
En otros países se exige que las menores tengan la aprobación de un adulto, pero no es necesario que sean los padres o tutores. En Francia, por ejemplo, en principio, deben presentar el consentimiento de su tutor, pero si prefieren no contarlo en casa, basta con que vayan al hospital o a la clínica acompañadas por un adulto que ellas elijan. En Finlandia, las menores de 17 años necesitan autorización, pero no de los padres, sino del médico que practica la interrupción del embarazo. Y en Dinamarca hay comisiones formadas por cuatro personas en cada distrito que autorizan los abortos de menores y discapacitadas. Hungría y Luxemburgo sí exigen la autorización paterna en todos los casos de abortos de menores. Hay otros que también lo hacen, pero con alguna excepción. En Italia, si hay un peligro grave para la salud de la joven, no hace falta el permiso parental, y si los padres no consienten la intervención o no se ponen de acuerdo, decide un juez.
El texto de la ley aprobado por el Ejecutivo no exige que se informe a los padres. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002 -aprobada por el Gobierno popular de José María Aznar- estableció en los 16 años la mayoría de edad sanitaria salvo en tres supuestos: interrupción voluntaria del embarazo, reproducción asistida y ensayos clínicos. Esa excepción para el aborto es la que el Ejecutivo quiere eliminar.