No hay duda de que los países latinoamericanos y Estados Unidos hicieron bien en condenar el golpe militar en Honduras, y en exigir el retorno al poder del presidente Manuel Zelaya. Haberse quedado callados o condonar tácitamente lo ocurrido hubiera sentado un precedente funesto para todo el continente.
''Por más irregularidades que haya cometido Zelaya, había caminos jurídicos dentro del marco constitucional para enjuciarlo, por ejemplo por usurpación de poderes'', me señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. ``Lo que no puede jamás aceptarse como una opción es golpear las puertas de los cuarteles''.
Pero también es cierto que los mismos países que hoy levantan la voz con indignación por los hechos de Honduras no dijeron una palabra cuando Zelaya desconoció públicamente las decisiones de la Corte Suprema, el Congreso y el fiscal general del país, quienes habían dictaminado que su intento reeleccionista era ilegal.
Recapitulemos: Zelaya, quien recientemente se había unido al bloque del ALBA liderado por el presidente venezolano Hugo Chávez, anunció el 25 de junio que ignoraría un fallo de la Suprema Corte que le ordenaba rehabilitar en su cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Romeo Vázquez.
Zelaya había destituido al general por haberse negado a apoyar un referéndum que el presidente había convocado para cambiar la Constitución y permitir su reelección. El general dijo que no había hecho más que acatar los dictámenes de la Corte Suprema, el Congreso y el Fiscal General, en el sentido de que el referéndum era ilegal.
Inmediatamente, los países del ALBA emitieron una declaración de apoyo a Zelaya, levantando nuevas sospechas de sus críticos en el sentido de que el grupo dirigido por Chávez no es más que una sociedad de ayuda mutua para presidentes que se cobijan en slogans ideológicos para esconder sus agendas narcisistas.
¿Dónde estaban los países democráticos de la región cuando Zelaya desconoció a la Corte Suprema? Según la Carta Demócratica Interamericana del 2001, los países del continente tienen un compromiso para defender y promover la democracia en toda la región, lo que incluye alzar la voz cuando hay violaciones al estado de derecho en qualquier país.
¿Y dónde están cuando Chávez, quien inició su carrera política como un militar golpista, cierra canales de televisión, como lo hizo con RCTV hace dos años, o cuando deconoce el resultado de las urnas, como lo hizo recientemente con el alcalde de oposición de Caracas, o inhabilita a cientos de líderes de oposición para presentarse a cargos públicos, como hizo en el referéndum del 2008?
Recordemos: Ledezma, un opositor, fue elegido alcalde mayor de Caracas en noviembre del 2008, pero al poco tiempo el Congreso dominado por Chávez creó un nuevo cargo, el de ''jefe de gobierno'' de Caracas, y lo colocó por encima de Ledezma. Luego, Ledezma fue despojado de sus oficinas y de casi todo su presupuesto, que fueron trasladados a la nueva ''super-alcaldesa'' que jamás fue electa para el cargo.
Todo esto es tan sólo una muestra. Pareciera que todos ellos están siguendo el mismo guión: presentarse al país como idealistas antisistémicos, ganar las presidencias, e inmediateamente tratar de cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Y luego, acusar a Estados Unidos y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar indefinidamente con una oposición simbólica.
Es cierto que los presidentes del ALBA no son los únicos. Otros, incluido el presidente colombiano Alvaro Uribe, están coqueteando con una nueva reelección, aunque todavía no está claro si seguirán ese camino.
Pero Chávez y sus aliados se cobijan en la democracia cuando les conviene, y la desconocen a diario cuando pueden salirse con la suya. Y ni hablar del presidente cubano Raúl Castro, que tuvo la desfachatez de aparecer en la fotografía de los presidentes del Grupo de Río denunciando el golpe militar en Honduras, cuando él mismo preside una dictadura militar que no ha permitido elecciones en cinco décadas.