Además de que considera que con esta medida, en Guanajuato se está imponiendo una creencia dogmática, con lo que se da una regresión de los derechos fundamentales otorgados a las mujeres, y que se da como respuesta a la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Con este juicio ya son tres los casos que analiza la Corte en los que el tema central, nuevamente, es el aborto, y que tienen que ver con los estados de Baja California, Jalisco y ahora Guanajuato.
En su demanda, el municipio, que se convirtió en el primero en llevar el tema del aborto ante la Corte, asegura que las recientes reformas también impiden que en el Ayuntamiento se pueda aplicar la norma oficial 046.
De acuerdo con la legislación, la Secretaría de Salud federal estableció que los hospitales públicos tienen la obligación de brindarles todos los servicios necesarios para abortar a las mujeres que sean víctimas de violación y/o de prevenir un embarazo no deseado ofreciéndoles un método anticonceptivo de emergencia.
La demanda se le turnó y fue admitida, bajo el número 62/2209 y previo al periodo vacacional de la Corte, por el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien se ha caracterizado por apoyar las reformas que se han implementado en el Distrito Federal para despenalizar el aborto, incluso en casos de violación.
En esencia, en su demanda, el municipio engloba y concentra en un mismo juicio dos de los puntos que ya se le habían planteado a la Corte, pero por separado, en las demandas que tienen que ver con los estados de Baja California y Jalisco.
Como se recordará en el caso de Baja California, el ombudsman local promovió desde hace seis meses un juicio similar en el que impugna una reforma a la Constitución estatal en la que se protegió la vida desde la concepción; y, en junio, el gobernador de Jalisco impugnó la norma oficial 046 por considerar que es inconstitucional al permitir el aborto.
En ambos casos los dos temas se litigaban por separado.
Y ahora, la Corte tendrá que revisar ambos planteamientos en un mismo juicio, en el que se verán involucrados los tres niveles de gobierno, es decir los municipios de Guanajuato, las autoridades estatales y la federación, ésta última por ser responsable de la publicación de la norma oficial en disputa.
Por tratarse de un juicio de controversia constitucional, en caso de que el municipio de Uriangato gane el juicio sería el único Ayuntamiento de Guanajuato en el que la reforma a la Constitución de la entidad no se aplicaría.