Eugenia cumplirá 61 años encerrada en un centro de detención de inmigración de Broward, mientras el gobierno hace los trámites para deportarlos de vuelta a Sierra Leona.
Los Akapo, según la vocera de ICE Nicole Navas, “tuvieron la oportunidad de presentar los hechos de su caso ante un juez imparcial de inmigración, quien ordenó su deportación”.
El mes pasado, un tribunal de apelaciones en Atlanta detuvo la deportación de los Akapo. Por el momento, su futuro está siendo debatido en los tribunales.
Los defensores de la pareja, entre ellos hermanos en la fe de la Iglesia Metodista Unida de Union Street en Clearwater, donde Anthony Akapo trabaja como pastor asociado, están molestos de que los Akapo continúen en prisión aún después de haber logrado una significativa victoria legal.
“La congregación en pleno sufrió un shock” cuando se enteraron de que la pareja había sido detenida antes del alba y sacados de su casa con esposas y grilletes, dijo la pastora de la iglesia metodista, Nancy Mayeux.
“Se refieren a ellos como reos”, comentó el pastor principal James M. Morgan de los agentes de ICE que custodian a los Akapo en el Centro de Transición de Broward. “La palabra indignación no puede describir cómo nos sentimos. Airados es tal vez más apropiado”.
“Ellos no son una amenaza para nadie”, agregó Morgan. “No se me ocurre pensar en personas que puedan ser más inofensivos a la comunidad que Anthony y Eugenia”, manifestó.
Comenzando en 1991, la nación de Africa Occidental, de cinco millones de habitantes, fue sacudida por una violenta guerra civil.

Lo que estaba en juego era la joya de la corona de la nación, literalmente: vastos recursos naturales, incluyendo la mayor abundancia de diamantes del mundo.
Los miembros del Frente Unido Revolucionario, o RUF, los querían. Los estudiosos de Africa Occidental afirman que la insurgencia, de hecho, no tenía virtualmente otro designio político que el control de la riqueza diamantina del país, y no se detuvo ante nada para tratar de conseguirlo.
En el ápice del conflicto, los rebeldes del RUF, muchos de ellos niños que habían sido reclutados a la fuerza, vagaban de una aldea a otra, violando y esclavizando a mujeres y niñas, llevándose a los muchachos, y practicando el acto de terror que se convirtió en su sello distintivo: cortar indiscrimadamente piernas y brazos.
Anthony Akapo molestó a los rebeldes por organizar vigilias de oración y protestas pacíficas como administrador de la Bishop Johnson Memorial School en la capital de Freetown, según los archivos judiciales.
Anthony recibió ese día una paliza tan terrible, según los abogados, que todavía sufre de dolor, su lado izquierdo quedó desfigurado y se le ha diagnosticado trastorno de estrés postraumático y una depresión severa.
Meses después, recibió otra golpiza cuando trataba de cobrar al RUF los salarios de los maestros de su escuela.
Anthony y sus hijos adultos también habían cooperado con los miembros de una fuerza de paz de Africa Occidental que era detestada por el RUF.
Los Akapos vieron con terror cuando los rebeldes vinieron a buscarlos el 6 de enero de 1999. Ellos rompieron a tiros las ventanas de la casa y exigieron que Anthony saliera, dicen los archivos judiciales.
La familia logró escapar por el fondo de la casa, y los vecinos los ocultaron hasta que pudieron huir a Gambia.
Cinco meses antes de que los Akapo llegaran a Nueva York el 11 de septiembre del 2001 - horas antes de la destrucción del World Trade Center- el Grupo de Crisis Internacional llamó a Sierra Leona como “tragedia humana de gigantescas proporciones”.
Poco después de su llegada a Tampa Bay, los Akapo pidieron auxilio en el Centro de Sobrevivientes de la Tortura de la Florida, quien ayudó a la pareja y los recomendó a Gulf Coast Legal Services, cuyos abogados representan a la pareja.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no discute la afirmación de los Akapo de que fueron perseguidos, sino que plantea que la pareja puede regresar sin problemas ahora que el conflicto ya ha terminado.
Los Akapo dijeron que todavía corrían peligro. Luego de un año de que terminara el conflicto, en el 2003, los hijos adultos de la pareja recibieron cartas de ex rebeldes amenazando con matar a la familia si regresaban a Freetown, según los archivos.
El Onceno Tribunal de Circuito de Apelaciones, que revisó la sentencia de dos páginas de la BIA, opinó que la corte de apelaciones de inmigración podría haberse equivocado en subestimar las preocupaciones de los Akapo.