No dudó ayer en emprender la segunda batalla de la guerra abierta entre el Ejecutivo y los profesionales de la Justicia cuando todavía no se había cerrado la primera. Y es que lejos de estar apaciaguados los ánimos, y más allá de la convocatoria de juntas para denunciar la insuficiencia de medios personales y materiales, los jueces de Extremadura y Murcia irán directamente a la huelga el próximo 18 de febrero. (El resto de los decanatos decidirán en sus juntas del 21 de enero si también toman esta medida).
De esta forma, y apenas veinte minutos después de conocerse la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionar con una multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz, Santiago del Valle, Bermejo ya anunciaba una «profunda reforma» del régimen disciplinario de los jueces «para evitar que hechos así puedan repetirse», declaró el ministro a Efe.
Si la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya cometió el error de valorar en una entrevista el pasado octubre la decisión que sobre el juez Tirado tenía que tomar el nuevo órgano de gobierno de los jueces (unas opiniones que crearon un profundo malestar incluso entre los vocales propuestos por el Grupo Socialista), Bermejo volvió a ahondar ayer, ya con pleno conocimiento de causa, en la decisión adoptada por el nuevo Consejo, con la que el Ejecutivo, señaló, no está «en absoluto de acuerdo» por ser «enormemente escasa».

«No fue un simple olvido»
Bermejo apoyó la decisión de la Fiscalía de recurrir ante el Tribunal Supremo para que la conducta sea calificada como una falta «muy grave», pues, en su opinión, se produjo «una desatención continuada en el tiempo» respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un «simple olvido» puntual. El régimen disciplinario de los jueces exige «reiteración» en la conducta para considerar la sanción muy grave.
Catorce de los veintiún vocales votaron a favor de mantener la sanción de 1.500 euros a Tirado
De hecho, son los distintos regímenes sancionadores de los jueces y fedatarios los que han motivado que mientras la conducta de Tirado se salde con una multa de 1.500 euros, la de la secretaria judicial Juana Gálvez se haya castigado con dos años de suspensión de empleo y sueldo.
Fueron los vocales de extracción judicial los que respaldaron ayer de forma mayoritaria en el Pleno del CGPJ la confirmación de la multa a Tirado por el «retraso injustificado» en la ejecución de la condena contra Del Valle por abusos sexuales a su propia hija. En concreto, la decisión fue adoptada por catorce votos frente a siete. Durante el debate, el vocal ponente Félix Azón defendió la imposición de una suspensión de dos meses para Tirado, según explicó en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.
Otros cinco discrepantes, que no proceden de la carrera judicial, se posicionaron a favor de imponer a Tirado seis meses de suspensión -lo que hubiera conllevado su traslado forzoso-, mientras que la vocal Concepción Espejel, de extracción judicial y designada a propuesta del PP, pidió que ni siquiera se le impusiera una multa, al entender que su actuación no había constituido ninguna infracción disciplinaria.

Defensores de la suspensión
Los vocales que defendieron seis meses de suspensión fueron los designados a propuesta del PSOE José Manuel Gómez Benítez (jurista), Gabriela Bravo y Almudena Lastra (fiscales), la ex diputada del PNV Margarita Uría y el abogado designado a propuesta de CiU Ramón Camp. Todos ellos darán a conocer en los próximos días el contenido de su voto particular, al que hay que sumar el de Espejel.
En el bloque de los defensores de la multa todos son jueces, excepto el secretario judicial Antonio Dorado y el subsecretario de Estado de Medio Ambiente y letrado de las Cortes Claro José Fernández.

La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces negó que el masivo respaldo a la sanción del anterior Consejo por parte de los vocales de extracción judicial revele cierto coorporativismo, pues se trata, dijo, de una decisión «legal y sujeta a derecho». Bravo explicó que la clave del debate ha estado en considerar si la conducta de Tirado podía calificarse de «desatención grave» o de «retraso justificado». El CGPJ ha entendido que se trata de lo segundo, consecuencia de una desatención de carácter leve, por lo que la falta no podía calificarse como de muy grave. Si hubiera sido así, Tirado habría sido suspendido de sus funciones.
Juan José Cortés, el padre de la niña asesinada, calificó de «vergüenza nacional» la decisión del CGPJ y aseguró que se trata de la tercera «gran decepción» de su vida, después de la muerte de su hija y de la imposición, en septiembre, de la multa de 1.500 euros.