Autoridades de muchos de los 36 estados nigerianos niegan con frecuencia oportunidades tales como trabajos en la administración pública o becas académicas a quienes "no son indígenas", es decir a los que no provienen de la comunidad que originalmente poblaron esos lugares.
Las tarjetas de identidad nigerianas muestran el lugar de residencia de un individuo en el frente y su origen en el reverso. Poco se hace para desalentar la discriminación informal, como el derecho a tener un puesto en el mercado en ciertas zonas de las ciudades.
La distinción entre "indígenas" y "no-indígenas" obedece al deseo de preservar la identidad cultural de más de 200 grupos étnicos distintos en la nación más poblada de Africa, un país generalmente pacífico de 140 millones de habitantes.
Pero Human Rights Watch dijo que políticas promulgadas por gobiernos estatales marginaban a comunidades de colonos, iban contra la garantía constitucional de no discriminación y fomentaban el resentimiento étnico.
"Estas políticas discriminatorias relegan a millones de nigerianos a la condición de ciudadanos de segunda clase e incentivan la violencia étnica y religiosa", dijo Georgette Gagnon, directora del grupo en Africa.
Los actos de violencia en Jos, encrucijada del norte musulmán y el sur cristiano, fueron los peores de su tipo en muchos años.
Enfrentamientos entre bandas rivales que quemaron casas, tiendas, mezquitas e iglesias fueron provocados por discrepancias en torno a una elección local, pero se remontan a una rivalidad que data de varias décadas entre indígenas en su mayoría cristianos o animistas y colonos de lengua hausa procedentes del norte.

"No somos extraños, no somos extranjeros. Nos corresponden todos y cada uno de los derechos", dijo el jeque Khalid Aliyu, portavoz del consejo de imanes del estado de Plateau, del cual Jos es la capital.

FUERZA EXCESIVA
Human Rights Watch dijo que los cuerpos de seguridad de Nigeria parecían haber empleado una fuerza excesiva para poner fin a los actos violentos, durante los cuales funcionarios de las mezquitas contaron cerca de 400 cuerpos llevados a enterrar.
El gobernador del estado de Plateau, Jonah Jang, impuso un toque de queda de 24 horas en las zonas más afectadas de la ciudad y ordenó a las fuerzas de seguridad que dispararan en el acto para detener los enfrentamientos. El ejército envió tropas de los estados vecinos.
Human Rights Watch dijo que estas acciones parecían contravenir los principios básicos de la ONU sobre el empleo de fuerza.
"Las fuerzas de seguridad estatales deben valerse en lo posible de medios no violentos antes de recurrir al uso de fuerza. Toda orden que autorice a las fuerzas de seguridad a usar violencia indiscriminada, como la de 'disparar en el acto', viola estos principios", argumentó.
El grupo agregó que tenía informes creíbles de múltiples testigos, entre ellos líderes civiles y residentes locales, sobre personas asesinadas por las fuerzas de seguridad.