En la declaración los prelados españoles señalan que "el aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es su pretensión de calificar el aborto como un derecho que habría de ser protegido por el Estado".
"El Anteproyecto establece un plazo de catorce semanas dentro del cual la voluntad de la madre se convierte en árbitro absoluto sobre la vida o la muerte del hijo que lleva en sus entrañas. Sin embargo, el derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. En cambio carece de autoridad para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un atentado contra el derecho a la vida", indican.
Seguidamente los obispos resaltan que "la inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud es de por sí una grave falsedad. Abortar nunca es curar, es siempre matar. Una auténtica política sanitaria debe tener en cuenta siempre la salud de la madre gestante, pero también la vida y la salud del niño que va a nacer".
Al referirse luego al hecho de que "el Anteproyecto no explica en ningún momento por qué fragmenta el tiempo de la gestación en tres períodos o plazos pretendidamente determinantes de diferentes tipos de trato del ser humano en gestación", los obispos subrayan que "es necesario sostener la afirmación irracional de que durante algún tiempo determinado el ser vivo producto de la fecundación humana no sería un ser humano, porque sería muy duro reconocer que sí lo es y al mismo tiempo afirmar que se le puede quitar la vida simplemente porque así lo decide quien lo gesta. Sería tanto como reconocer que hay un derecho a matar a un inocente".
Tras denunciar luego que el Estado no apoya a la mujer para evitarle el trauma del aborto y sus graves secuelas, los obispos señalan que "eliminar una vida no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un acto de gran trascendencia pública. La vida de los que van a nacer es un fundamental elemento constitutivo del bien común que merece especial protección y promoción. Se debería avanzar en las políticas de protección de la maternidad/paternidad, muy retrasadas respecto a los países de nuestro entorno".
Luego de recordar además que con este anteproyecto de ley el Estado lo que hace es imponer a todos una determinada educación sexual abortista e inspirada en la ideología de género, los obispos recuerdan que "cada ser humano es, por eso, un don sagrado para sus padres y para toda la sociedad. No ha de ser considerado jamás como un objeto subordinado al deseo de otras personas. Su vida no puede quedar al arbitrio de nadie, y menos del Estado, cuyo cometido más básico es precisamente garantizar el derecho de todos a la vida, como elemento fundamental del bien común".