Consideran las abortistas que las 14 semanas de aborto libre es un plazo «claramente insuficiente» y censuran que para interrumpir un embarazo hasta la semana 22 las mujeres tengan que presentar un dictamen médico, ya que «la decisión sobre la salud y la maternidad queda en manos de otras personas».
«Por eso, ya adelantamos que algunas mujeres embarazadas viajarán a otros países más permisivos o buscarán la realización de un aborto clandestino», aseguran.
«Pensamos -añaden- que el tratamiento jurídico de la interrupción voluntaria de embarazo no admite ambigüedades: o se regula a partir de su consideración como delito o como derecho».
En concreto, critican que el Ejecutivo no suprima los artículos 145.1 y 145.2 sobre la sanción a terceros, de modo que sigue siendo delito que los profesionales sanitarios realicen un aborto fuera de los supuestos permitidos.
«Reclamamos -concluyeyen- all Gobierno que haga las modificaciones oportunas y elabore un nuevo anteproyecto sobre aborto donde se recojan nuestras reivindicaciones».