Fuentes del Consejo han explicado que la petición de ampliación de la prórroga se debe a la naturaleza de la materia objeto de análisis, que es «compleja y delicada» y merece un sosegado debate en el seno de la institución. La legalidad de la ampliación del aborto, tal y como la pretende la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, no es un tema pacífico en el seno del CGPJ y se aventura muy difícil lograr una posición unánime al respecto. Más bien al contrario, parece previsible la división en dos bloques.
De momento, el ponente trabaja sobre el texto que primero será sometido a la consideración de la Comisión de Estudios y después al Pleno, en la reunión del próximo 23 de julio.
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Las mismas fuentes indicaron que el borrador coincide, en líneas generales, con el texto aprobado ayer por la mayoría del Consejo Fiscal, que advirtió de la posible inconstitucionalidad de la ley, al menos en dos aspectos: la desprotección absoluta de la vida del feto, pese a que es un bien protegido por la Constitución, tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional; y la exclusión de quienes se hayan mostrado contrarios a la interrupción del embarazo del comité clínico que deberá autorizar el aborto.
Por su parte, la ministra Aído expresó ayer su «máximo respeto» por las correcciones apuntadas por el Consejo Fiscal y aseguró que «vamos a estudiar todas las sugerencias y recomendaciones que realicen los órganos consultivos para remitir al Parlamento la mejor ley posible».