María Teresa Fernández de la Vega ha subrayado que la reforma ofrece "seguridad jurídica a las mujeres, que puedan hacerlo con garantías de equidad y confidencialidad y dar seguridad jurídica a los profesionales".
El resultado, ha dicho, es una ley "sensata y ajustada a derecho que quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la ley actual" y "que más se ajusta a nuestra realidad social" porque ofrece seguridad a las mujeres en el ejercicio de un derecho y garantías a los profesionales de la sanidad que desde hoy "tendrán más claramente establecidos los supuestos y plazos de esta prestación".
Además, la norma, que "sintoniza más con las legislaciones europeas", incluye un conjunto de acciones y medidas en el ámbito sanitario y en el educativo porque, "que nadie lo dude: la voluntad del Gobierno prevenir los embarazos no deseados para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar".
El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión, al menos tres días antes del aborto.
De manera excepcional, hasta la semana 22, la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En ambos casos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
La vicepresidenta ha puntualizado además que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, el texto aprobado este sábado establece que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz" pero que "se articula a través de la voluntad de las mujeres y no en contra".
La reforma establece también que cada autonomía tendrá al menos un Comité Clínico -formado por un equipo pluridisciplinar de expertos- encargado de valorar los diagnósticos prenatales de las enfermedades extremadamente graves, si bien, ha puntualizado la vicepresidenta, "será la mujer la que decida sobre su intervención".
En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no sólo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos en la ley, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos; a quien lo haga en un centro no autorizado, y a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley.
De la Vega ha subrayado, no obstante, que la reforma no incluye pena de prisión para la mujer y que las modificaciones introducidas en la reforma "sólo refuerzan el principio de proporcionalidad de las penas en relación con las distintas conductas".
La reforma también refuerza la protección de la intimidad y la confidencialidad de las mujeres, tal y como ha recomendado la Agencia de Protección de Datos.
Respecto al trámite parlamentario, la vicepresidenta ha mostrado su voluntad de escuchar a todos los grupos para incorporar algunos de los aspectos que más han preocupado a la sociedad como la información a las menores de 18 años.
Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre la conveniencia de informarles.
La aprobación del proyecto llega poco más de un año después de que Bibiana Aído anunciase la reforma de la legislación en materia de aborto.