Igualdad de oportunidades
Carmen Argibay defendió el derecho a decidir de las mujeres, cuestión que tiene que ver con la "dignidad y la libertad" para que cualquier decisión sea tomada estando debidamente informada y conociendo las responsabilidades que dicha decisión implica.
Para la jueza la dignidad de las mujeres pasa también por la igualdad de oportunidades, que no es tal desde el momento que en nuestro país sólo tienen acceso a interrumpir un embarazo no deseado, aquellas que pueden pagarlo, aún corriendo los riesgos de esa intervención, tanto desde el punto de vista médico como penal. Para las mujeres de los sectores más pobres, el aborto sólo es posible en condiciones sanitarias no adecuadas, y su consecuencia más directa es la alta tasa de mortalidad materna en nuestro país.
En consonancia con la consigna que propugna la educación sexual y el uso de los métodos anticonceptivos, Argibay criticó en duros términos a la Iglesia Católica por su histórica oposición al uso de esos métodos, no sólo porque con ellos se evitan embarazos sino porque previenen enfermedades de transmisión sexual y el sida.

La furia medieval
Obviamente que tales declaraciones fueron furiosamente rechazadas por los sectores más conservadores de nuestra sociedad, entre ellos la Corporación de Abogados Católicos y el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires, quienes denostaron a la jueza de la Corte por "apología del aborto".
Con sus conocidos argumentos que sostienen que no puede interrumpirse un embarazo porque la vida existe desde la concepción, los abogados y médicos católicos rechazan de plano cualquier debate sobre la posibilidad de legislar sobre el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Es que para estos sectores ultramontanos, la vida de la madre no tiene ningún valor cuando está embarazada, todo tiene que supeditarse a la vida del feto. Así sucedió en 2007 con la santafesina Ana María Acevedo, quien padecía de cáncer de maxilar y necesitaba medicación que afectaba al feto, y aunque estaba embarazada de escasas semanas, los médicos del Hospital Iturraspe de Santa Fe no quisieron practicarle un embarazo, a pesar que está permitido por el artículo 86 del Código Penal (cuando corre peligro la vida de la madre). Como se recordará, el caso terminó con el nacimiento prematuro de una bebé que murió a las pocas horas de nacer, y al día siguiente falleció Ana María, luego de meses de horribles padecimientos pues tuvo que sufrir su enfermedad sin suministro de medicación. Como Ana María era madre de tres hijos pequeños, la posición de los médicos que invocaron su religión para negarse a la práctica de un aborto previsto en la legislación, no defendió ninguna de las vidas que dicen proteger -la del bebé y la de la madre-, pero además dejó a tres niños huérfanos.