ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) LAS cifras sobre abortos en adolescentes en España desmienten rotundamente la mayoría de los argumentos que utiliza el Gobierno para justificar la reforma legal que implantará el aborto libre e incondicional. Según el informe del Instituto de Política Familiar -elaborados con datos correspondientes a 2007 del Instituto Nacional de Estadística, Eurostat y el Ministerio de Sanidad-, el 53 por ciento de los embarazos en jóvenes menores de 20 años acaba en aborto, lo que supone 15.307 casos.

Esta cifra muestra la clara divergencia de España con el resto de Europa, donde el aborto entre las jóvenes de 15 a 20 años se sitúa en el 40 por ciento desde hace años. Además, las jóvenes españolas representaban en 2007 el 7,2 por ciento de las europeas que se quedaban embarazadas en ese tramo de edad, cuando en 1996 era el 4 por ciento.
El conjunto de estas cifras y porcentajes no es coherente con el planteamiento del Gobierno sobre la necesidad de una ley que amplíe el aborto, y menos aún con el eslogan de que la reforma nos aproximará a Europa, cuando lo cierto es que nos alejamos progresiva y constantemente de ella. La nueva ley que propone el Gobierno va a provocar un aumento de los abortos, porque lo instaura con carácter libre en las primeras catorce semanas y porque todo el sistema que prevé para aplicarla, incluyendo la información a la embarazada, es claramente inductor a ese eufemismo llamado interrupción voluntaria del embarazo.
El aumento de los embarazos no deseados en las jóvenes españolas durante los últimos años demuestra que no todo depende de facilitar el aborto y la contracepción, ni de centrar la educación sexual sólo en métodos y técnicas de «sexo seguro». Nadie en su sano juicio puede afirmar que la juventud española no esté al tanto, a estas alturas, de los riesgos de embarazo y de transmisión de enfermedades sexuales. Lo que está fallando en la educación de los jóvenes es la inculcación de un elemental sentido de la responsabilidad individual, que haga ver que ciertos comportamientos tienen consecuencias muy importantes y que la sexualidad no es simplemente un rato de ocio en fin de semana, sino una proyección de la personalidad y la madurez. Pero cualquier mensaje que reclame de los jóvenes pensárselo dos veces es tabú y queda condenado de antemano. Ahí están las consecuencias de no incorporar a la educación sexual un código de valores que redundaría en beneficio de los propios jóvenes, porque el aborto no hace borrón y cuenta nueva, sino que añade problemas a los problemas.
Por eso es una irresponsabilidad que el Gobierno enfoque la reforma del aborto como una supresión de restricciones. No hay restricción de clase alguna, ni las mujeres son perseguidas penalmente, ni faltan garantías legales. Según el Ministerio de Sanidad, en 2007, se produjeron en España más de 112.000 abortos, cifra que sería imposible si las mujeres no pudieran abortar libremente, gracias al coladero de la indicación sobre los riesgos psíquicos para la salud de la madre. Descartado que la reforma vaya a corregir excesos o evitar abortos, esta nueva ley del Gobierno socialista sólo busca, por un lado, el enfrentamiento social mediante la imposición de un modelo ideológico que divide a los españoles -justificando movilizaciones como la convocada en Madrid el 17 de octubre-, y por otro, la impunidad que tanto desea el lobby de clínicas abortistas. Indeseable liderazgo de España en Europa.

Fuente: Coalicion Presencia Internacional