El anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
La iniciativa ha sido analizada por todos los órganos consultivos, aunque un empate en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impidió, por primera vez en la historia de la institución, que se aprobara un informe sobre una reforma legislativa.
El Consejo de Estado avaló la constitucionalidad de la reforma, pero planteó la conveniencia de que los padres de las menores sean informados de la decisión de sus hijas de interrumpir el embarazo.
Este último informe, no vinculante, se unió así al que hizo el Consejo Fiscal -que consideró inconstitucionales algunos artículos relativos a la desprotección del "nasciturus" en la nueva ley- y al que debería haber emitido el CGPJ.
Antes de llegar al pleno del Consejo General del Poder Judicial, la Comisión de Estudios aprobó un informe, por tres votos frente a dos, en el que estimaba oportuno reconocer el derecho de los padres a ser informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.
La futura ley sustituirá a la legislación vigente desde 1985 y que despenalizó el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
La despenalización del aborto fue uno de los cambios sociales y legislativos más importantes registrados en España, donde había sido siempre ilegal con la única excepción de la legislación aprobada en Cataluña durante la II República en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil Española, y que fue suprimida en 1938.
Tras su aprobación mañana en Consejo de Ministros, la iniciativa legislativa llegará al Parlamento, donde, al tratarse de una Ley Orgánica, deberá tener el respaldo de la mayoría absoluta de las dos cámaras.
El debate sobre la regulación del aborto resurgió a finales de 2007, después de que salieran a la luz casos de interrupciones de embarazos muy avanzados practicados en clínicas privadas de Barcelona y Madrid.
A partir de ahí, distintas organizaciones sociales propusieron revisar la ley del aborto, aunque desde posturas opuestas: unos a favor de incluir restricciones y otros partidarios de una ley de plazos que estableciera el aborto libre y gratuito en las primeras semanas de embarazo.
Las organizaciones contrarias al aborto tachan a la reforma de inconstitucional porque -a su juicio- se desprotege la vida del no nacido.
Para el próximo 17 de octubre, asociaciones como el Foro de la Familia, CONCAPA, Derecho a Vivir y Profesionales por la Ética han convocado una manifestación en Madrid, a la que esperan una afluencia superior al millón de personas.
Desde que se aprobó la despenalización del aborto en España, en 1985, las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas al amparo de la ley han ido aumentando hasta situarse por encima de las 100.000 anuales.