Ante un acuerdo bilateral inminente entre la Iglesia Católica y el gobierno brasileño, el Colegio Episcopal de la Iglesia Metodista ha reaccionado para reafirmar “el derecho de la libertad religiosa como uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática”, según el comunicado de los metodistas, que proclaman la importancia de la Constitución. Los términos del acuerdo entre Brasil y el Vaticano se firmaron el 13 de noviembre de 2008 por el Ministro de Relaciones Exteriores de El Vaticano, Dominique Mamberto y el Ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Celso Amorim, durante la visita del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva al papa Benedicto XVI.

El acuerdo trata, entre otras, sobre cuestiones económicas y administrativas en la Iglesia Católica en Brasil. Entre los protestantes, sin embargo, ha habido reacciones diferentes a la de los metodistas. En una carta pastoral del Presidente de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB), Walter Altmann reconoce como legítimos los acuerdos comunes entre los Estados, pero espera, ya que el acuerdo contiene los derechos y privilegios de la Iglesia Católica, que el gobierno brasileño las extienda a la otras confesiones de fe, porque es un precepto constitucional que no puede ser herido. “Estas son cuestiones que se refieren no sólo a la Iglesia Católica, sino también a otras iglesias. En consecuencia, lamentamos que el Acuerdo ha sido redactado, negociado y firmado finalmente, sin que se haya producido un intercambio de ideas y de diálogo con otras religiones, así como con la sociedad en general”, dice la carta.

RATIFICACIÓN EN EL CONGRESO

Para ser ratificado, el Acuerdo bilateral entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede sobre la condición jurídica de la Iglesia Católica en Brasil, firmado por el gobierno brasileño y el Vaticano, debe pasar por el Congreso. El documento tiene 20 artículos y trata, entre otras cosas, las exenciones fiscales para la iglesia y las instituciones eclesiásticas, indica que la actividad de los religiosos no se caracteriza como empleo, confirma la prohibición de libre acceso a las zonas indígenas de los misioneros, los sacerdotes extranjeros requieren permiso para permanecer en el país y afirma que las iglesias y obras de arte incorporadas en ellas pertenecen al estado brasileño, aunque ambos tienen un compromiso para su conservación.