Las leyes de California permiten esta práctica, prohibida por la Ley española sobre Técnicas de Reproducción Asistida. De acuerdo con la legislación californiana, la madre de alquiler recibe una cantidad que no puede superar los 25.000 dólares, cantidad que no responde a un pago contractual sino a una compensación por la pérdida de salarios, bajas laborales y seguro de vida.
El pasado octubre nació no uno, sino dos bebés. Pero el Consulado español en Los Ángeles se negó a inscribirlos en el Registro Civil consular como hijos de Ignacio y Juan alegando la "categórica prohibición" de los vientres de alquiler en la legislación española.

El Ministerio de Justicia ha revocado ahora esa decisión estimando un recurso promovido por el matrimonio gay. La Dirección General de los Registros invoca el "interés superior" de los menores y su derecho a "una filiación única válida en varios países, y no de una filiación en un país y de otra filiación distinta en otro país, de modo que sus padres sean distintos cada vez que cruzan una frontera".

Para la Dirección General, el superior interés de los hijos "se impone sobre cualquier otra consideración en juego", incluso sobre el supuesto fraude de ley en que los padres habrían incurrido para eludir la ley española que impide la concepción de hijos mediante madres de alquiler.