La ley, que fue cuestionada por organizaciones que se denominan "defensoras de la vida", otorga a familiares del enfermo, en caso de que éste no pueda expresarse, la capacidad para decidir el fin del suministro de medicamentos o el cese del funcionamiento de los aparatos que mantienen las funciones vitales de su ser querido. El proyecto de ley fue aprobado por diputados del oficialista Frente Amplio y del Partido Colorado y obtuvo el rechazo de los representantes del Partido Nacional e Independiente.

Los diputados de esos partidos manifestaron que el proyecto tuvo cambios en el Senado que "desvirtuaron" la propuesta inicial elaborada por Washington Abdala (Colorado) y José Luis Gallo (Frente Amplio). La ley establece que "toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, conciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros". Si el enfermo se encuentra inconsciente y no ha establecido cómo quiere ser tratado en el último tramo de su vida, la ley fija que "la suspensión de tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad".