Al mes siguiente otra pareja lesbiana les denunció también por lo mismo, pero para entonces la asociación metodista ya había anunciado que no alquilarían el pabellón para bodas de ningún tipo.
Los metodistas encargaron su defensa a un grupo legal especializadon la Alliance Defense Fund. Su argumentación fue: “una asociación cristiana tiene derecho constitucional a usar sus locales de forma consistente con sus creencias”. Pero la División de Derechos Civiles (el tribunal que juzga estos asuntos) falló el lunes 5 de enero que la asociación había violado lo que las leyes anti-discriminación de New Jersey dicen sobre alquiler de locales al público.
El juez que dirige esta división y autor del fallo, Frank Vespa-Papaleo, es un militante del homosexualismo político que el pasado diciembre pedía públicamente que New Jersey no se contentase con uniones civiles, sino que introdujese en sus leyes el matrimonio homosexual directamente.

De todas formas, en el debate se han usado maniobras “laterales”. Los metodistas insistieron en el carácter cristiano de sus locales. La acusación dijo que son locales públicos porque han aceptado dinero público para reparaciones después de un huracán. Los cristianos respondieron que el dinero para reparaciones era para quien lo solicitase y que ellos nunca ocultaron la afiliación religiosa de sus instalaciones. La acusación también dijo que los locales se acogen a exenciones fiscales porque se comprometen a un “uso público”. Los metodistas respondieron que ese uso público no puede ser ilimitado ni ir contra su ideario cristiano.
Muchos temen que con este precedente en la mano, cualquier grupo homosexualista puede acudir a locales de entidades religiosas a celebrar actividades contrarias a la fe cristiana y denunciar a aquellas entidades cristianas que no accedan a sus deseos. Es un ejemplo más: del homosexualismo libre, al homosexualismo obligatorio.